MEDIO: Animal Político
TIPO: Noticias En Línea
AUTORÍA: Manu Ureste
FECHA: 3 de febrero de 2016
Organizaciones de la sociedad civil critican que la iniciativa de Ley presentada el 10 de diciembre por el presidente Peña Nieto para combatir la tortura incluye una serie de normas jurídicas que, lejos de buscar erradicarla, la promueven y generan impunidad.
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La propuesta de Ley que el pasado 10 de diciembre presentó el presidente Enrique Peña Nieto para combatir la tortura en México, no cumple con los estándares internacionales, no fue elaborada de manera conjunta con la sociedad civil ni las víctimas, y además, lejos de erradicar el problema, incluye una serie de normas jurídicas que promueven la tortura y la impunidad.
Estas son las tres principales conclusiones que expusieron este miércoles 3 de febrero diversas organizaciones de la sociedad civil en una rueda de prensa realizada en el Centro Pro Derechos Humanos (Centro Prodh), en la Ciudad de México, en la que también participaron tres testimonios que denunciaron casos de tortura a manos de elementos de seguridad del Estado.
“La propuesta presentada por el presidente no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, criticó Mario Patrón, director del Centro Prodh, quien recalcó que, a pesar del llamado de advertencia de la ONU a México –cuando el relator especial contra la tortura dijo que ésta era una práctica generalizada en todo el país-, la tortura continúa siendo utilizada por el Estado mexicano “para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas”.
Por ello, tras la reanudación del periodo legislativo en el Senado, donde en las próximas semanas se discutirá la propuesta del Ejecutivo para, si procede, aprobarla antes de que termine el mes de marzo, los activistas exigieron a los senadores que incluyan una serie de modificaciones al proyecto.
Estos son los cinco cambios que plantea las organizaciones, entre las que se encuentran el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras:
1.- Que se excluya de las investigaciones aquellas pruebas ilícitas, es decir, las que hayan sido obtenidas bajo tortura y tratos o penas crueles. En este sentido, las organizaciones criticaron que, aunque la Suprema Corte ya emitió parámetros jurisprudenciales para eliminar estas pruebas de todo el proceso penal, la iniciativa del Gobierno Federal “sí permita la admisión de estas pruebas”.
2.- Que los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tengan las mismas consecuencias procesales que la tortura.
3.- Que se establezca el Protocolo de Estambul –que consiste en un manual para la investigación y documentación de casos de tortura- como un estándar de prueba no exclusivo para detectar casos de tortura, y que éste sea realizado por peritos independientes.
En este apartado, Javier Enríquez, del Colectivo contra la Impunidad, criticó que la iniciativa de Peña Nieto “se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul, y que es realizado por peritos oficiales”.
Asimismo, Enríquez señaló que en la propuesta se ponen “requerimientos excesivos” para que peritos independientes puedan valorar un caso de tortura, a pesar de que éstos son los que se laboran “con mayor rigor y calidad, y están más apegados a los estándares internacionales”.
4.- Que la iniciativa excluya las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidad, tanto para las personas sentenciadas por casos de tortura, como también las imputadas y procesadas.
5.- Que la iniciativa incluya un agravante de castigo en los casos de tortura en los que se haya producido una agresión sexual.
6.- Que la nueva ley establezca los lineamientos para un monitoreo efectivo de las condiciones en las que se produce una detención con el fin de erradicar la tortura.
Además de estos puntos, Mario Patrón subrayó que es necesario que la Ley Nacional de Ejecución Penal –la cual se encuentra también en la fase de discusión en el Senado de la República- “dote de amplias facultades a los jueces para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores”.
Incluso, Patrón pidió que la Ley de Ejecución Penal también permita el ingreso a las cárceles de organizaciones independientes y de periodistas, para corroborar que se da un trato digno a los presos.
Los 10 puntos de la iniciativa de Peña Nieto
Cabe recordar que la iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto al Senado el 10 de diciembre de 2015, incluye varios aspectos a tener en cuenta.
Por ejemplo, establece que los delitos de tortura y el de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes, serán investigados de oficio y sin necesidad de una denuncia por parte de las víctimas, y además serán imprescriptibles; es decir, no perderán vigencia ni validez.
Otros puntos: la ley prevé penas de 10 a 20 años de cárcel, la creación de unidades especializadas, dependientes de las instituciones de procuración de justicia, y la creación de un Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.