Organismos civiles, expertos y expertas en derechos humanos suscriben el presente pronunciamiento y respaldan la labor que desempeña el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para supervisar el caso Ayotzinapa, luego de la dolosa campaña de desprestigio que enfrenta.
Ciudad de México, 19 de enero de 2016.- Los organismos civiles, expertos y expertas en derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, respaldamos la labor que desempeña el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con el Estado mexicano y las víctimas para supervisar el caso Ayotzinapa, frente a la dolosa campaña de desprestigio que enfrenta.
El trabajo de estas expertas y expertos no sólo requiere del apoyo de la sociedad y de las propias víctimas, sino también del respaldo -expresado públicamente- de las más altas autoridades mexicanas.
En este sentido, es necesario recordar que el Estado mexicano aceptó la conformación del GIEI el 18 de noviembre de 2014 en el marco de medidas cautelares emitidas por la CIDH. El GIEI fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes fueron escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios; los representantes del Estado mexicano estuvieron al tanto del alto perfil y el prestigio de cada uno de sus integrantes.
Desde el inicio de sus labores, el 1 de marzo de 2015, el GIEI señaló las fallas y omisiones de la investigación oficial sobre el paradero de los estudiantes; reivindicó la centralidad de las víctimas dentro del proceso y, mediante un contundente informe presentado en septiembre de 2015, ofreció nuevas líneas de investigación que deben agotarse. Esta novedosa herramienta de supervisión internacional en materia de derechos humanos es ampliamente reconocida en México y en la comunidad internacional; su Informe ha sido considerado como uno de los más relevantes documentos sobre la situación de los derechos humanos en México en los últimos años. Adicionalmente, el GIEI se encuentra en una fase decisiva pues su segundo mandato, para el que se le habilitó a seguir supervisando técnicamente la investigación, se extiende en principio hasta el próximo 30 de abril.
Sin embargo, conforme el GIEI ha avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos, se ha activado una campaña mediática y política que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que ha alcanzado su trabajo y de esta forma, confundir a la opinión pública. La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados. Aunque el objetivo de la campaña hasta ahora se ha centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y a Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente como afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala – soslayando que su calidad moral y técnica es ampliamente reconocida en sus países de origen y en la región-, es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso. No puede soslayarse que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes de manera estrecha trabajan con la procuraduría General de la República en el expediente del caso, incorporando elementos discriminatorios en razón de género.
Esta campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI; señaladamente, la reticencia del Gobierno Federal a permitir que las expertas y expertos entrevisten a elementos del 27 Batallón de Infantería que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas.
En este contexto, manifestamos nuestro respaldo al trabajo que el GIEI realiza en México. Asimismo, recordamos que el Estado mexicano está obligado a demostrar que se encuentra comprometido la búsqueda de la justicia y la verdad para los normalistas de Ayotzinapa y sus familias; sobre todo en estos meses definitivos, considerando la extensión del mandato del GIEI. El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México.
Expertos y expertas en derechos humanos firmantes:
Don Raúl Vera López OP, obispo de Saltillo,
Elena Azaola
Karina Ansolabehere
Ximena Andión
Santiago Corcuera Cabezut
Vladimir Chorny
Isabel Erreguerena
Alfonso García Castillo
Iván García Gárate
Rafael González Díaz
Luis González Placencia
Armando Guevara Ramos
Mara Hernández
Lelia M. Jiménez B.
Michel Maza
Isabel Claudia Martínez Álvarez.
Adriana Muro
Carlos Rios Espinosa
José Luis Caballero
Jorge Carlos Toledo Sauri
Luis Daniel Vázquez
Organizaciones firmantes:
Article 19
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD)
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS).
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
EQUIS Justicia para las Mujeres A.C.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNAM
Freedom House
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE).
JASS – Asociadas por lo Justo
Open Society Justice Initiative
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Redes firmantes:
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
«Todos los Derechos para Todas y Todos».
Conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana: Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. «Haciendo Camino» (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Don Sergio» (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos «Fray Matías de Córdova», A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz «Bety Cariño», A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos «Juan Gerardi», A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas «Flor y Canto», A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos «Fray Juan de Larios», A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos «Bartolomé Carrasco», A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos»(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sierra Norte de Veracruz», A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA -León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
Contacto:
Ixchel Cisneros
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