MEDIO: Diario de México
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Associated Press
FECHA: 13 de enero de 2016
- Juez ordena corregir «vicios» en investigación.
- Los elementos policíacos son procesados por cuatro muertes y la desaparición de los 43 normalistas.
CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de un juez de amparo podría poner en riesgo el curso de una de las más importantes investigaciones de la historia reciente de México: la desaparición de 43 estudiantes ocurrida al sur del país hace más de un año.
Primero, expertos internacionales tumbaron la versión oficial de la Procuraduría General de la Repúblcia (PGR) que aseguraba que los jóvenes fueron asesinados por sicarios del narcotráfico y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero. También denunciaron casos de obstrucción a la justicia por parte de diversas autoridades.
Ahora es la propia justicia mexicana la que advierte de errores e inconsistencias cometidas por los primeros investigadores, cuyo trabajo es la base de la mayoría de los procesos penales que se encuentran en marcha.
La sentencia del juez, fechada a finales de 2015, pero que no ha salido a la luz pública hasta ahora, ordena corregir los errores de la investigación que se sigue contra 22 de los policías acusados de cuatro de las seis muertes que tuvieron lugar a finales de septiembre de 2014, cuando los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron, víctimas de un ataque armado.
El fallo dice que la fiscalía estatal «no efectuó un análisis amplio y acucioso» de los hechos y considera que los vínculos de los policías con los homicidios no están ni probados, ni fundamentados, ni motivados, por lo que exige al juez que corrija los «vicios del caso y dé los «razonamientos lógico-jurídicos» y las pruebas que puedan sostener los cargos. En caso contrario los agentes podrían ser exonerados.
El documento se refiere sólo a cuatro homicidios, pero abogados y analistas sostienen que su repercusión podría ir más allá porque los 22 policías amparados también están procesados, en otro expediente, por la desaparición de los 43 estudiantes y los autos de detención de la mayoría del resto de los detenidos, que son más de un centenar, los realizaron las mismas autoridades cuyo trabajo es cuestionado ahora.
La Procuraduría de Guerrero fue la encargada de consignar los hechos y evidencias de los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y llevó toda la investigación durante 21 días.
Después, ante la conmoción internacional que tuvo el ataque y la aparición de fosas clandestinas en la zona, la fiscalía federal asumió la indagatoria de las desapariciones, pero no de los homicidios, aunque desde un primer momento se apuntó a que los responsables de todos los crímenes eran los mis mos policías y autoridades locales vinculadas con el crimen organizado.
Los seis asesinatos quedaron en manos de tribunales locales y fueron considerados homicidios ordinarios, incluido el de Julio César Mondragón, el estudiante de 22 años cuyo cadáver fue encontrado
torturado y con el rostro desollado.
Para Sayuri Herrera, abogada de la familia de Mondragón, la sentencia es «muy preocupante» porque demuestra que todo el caso se construyó sobre «cimientos de barro» con «graves errores en la investigación» porque la consignación de hechos y evidencias «se hizo mal».