En los últimos años, la crisis de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que vivimos en México se ha caracterizado por un escenario donde las bandas de la delincuencia organizada se disputan los territorios para sus actividades ilícitas. En el relato que se maneja desde la narrativa oficial, hay una “guerra contra el narcotráfico” en la que se oponen, en bandos opuestos y perfectamente distinguibles, el Estado y los grupos criminales.En realidad, lo que muestran casos como Ayotzinapa es que en México la alta impunidad en las violaciones a los derechos humanos se sostiene por la connivencia entre el Estado y los grupos delincuenciales, sobre todo en las zonas donde la línea que debería dividirlos no se distingue y en las que las autoridades formalmente electas “trabajan” para asegurar la operación de los cárteles criminales. Estos circuitos de la macrodelincuencia –que no se explican solamente a nivel municipal, pues resulta indispensable la complicidad a niveles estatal y federal– muestran el profundo vínculo que existe hoy entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
Este esquema macrodelincuencial, hoy por hoy, genera miles de víctimas por toda la geografía mexicana. Medios de comunicación, centros de investigación, organizaciones civiles y miles de voces de ciudadanos comunes dan cuenta de la plaga de ejecutados, desaparecidos, torturados, extorsionados y secuestrados que asola regiones cada vez más extensas del país.
El Estado, lamentablemente, no está respondiendo a la altura del problema. Las pocas investigaciones conocidas sobre los casos más paradigmáticos no profundizan en estos esquemas y evaden las responsabilidades oficiales. Como mucho, y usualmente tras un arduo trabajo de denuncia pública, se logra enjuiciar a servidores públicos de rangos inferiores, aun cuando sean evidentes las complicidades a niveles más altos.
En este contexto, el Centro Prodh pide y trabaja para que esta perspectiva sea involucrada, tanto en casos específicos como en las discusiones más estructurales que se dan alrededor de las iniciativas sobre la Ley contra la Desaparición Forzada y la relativa a la creación de una Fiscalía General del Estado.
Insistimos: no se podrá avanzar hacia la verdad y la justicia para los miles de personas afectadas mientras los ojos estén cerrados ante este círculo criminal.