MEDIO: Al Momento
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Dennis García
FECHA: 22 de diciembre de 2015
- El GIEI evidenció las fallas del Estado mexicano en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre (Al Momento Noticias).- Este año, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH refutó la “verdad histórica” esgrimida por la Procuraduría General de la República (PGR) en torno al caso Iguala.
No solo evidenció nuevas líneas de investigación, como la existencia de otros camiones -que podrían contener drogas o dinero- que fueron secuestrados por los estudiantes de la Normal Rural ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.
Sobre lo ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, descartó un incendio en el basurero de Cocula, como sostuvo en su momento el ex procurador general, Jesús Murillo Karam.
Los informes del GIEI evidenciaron las fallas del Estado mexicano en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Incluso, a finales de 2014, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pusieron en duda la quema de 43 cuerpos hasta su incineración en un basurero en Guerrero.
Esta duda fue despejada por el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en coadyuvancia con las autoridades mexicanas, demostraron que la versión que conforma al menos 80 tomos en el expediente de la desaparición de los normalistas en Iguala (disponibles en la página web de la PGR), no es creíble y carece de sustento.
En noviembre de 2014, Murillo Karam anunció la detención de Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Indicó que los detenidos habían señalado que en el basurero de Cocula fueron quemados los cuerpos de los normalistas, y que hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje.
Ante los medios de comunicación y familiares de las víctimas, el entonces procurador pronunció su lacerante verdad: “Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.
La ONU, fundamental en la investigación
A principios de febrero de este año, los padres de los normalistas desaparecidos cumplieron con la advertencia de acudir a instancias internacionales: viajaron a Ginebra, Suiza para presentar su caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
MARCHA AYOTZINAPA JALISCO.Días después, la ONU dio a conocer sus conclusiones tras el examen al que se sometió México; refirió que las desapariciones forzadas son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes.
“¿Cuántas desapariciones forzadas hay? no lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas”, sentenció en rueda de prensa Rainer Huhle, miembro del Comité y Relator sobre el caso de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU concluyo que “la información recibida ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio de México, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
México no recibió con agrado las recomendaciones de la ONU. El 13 de febrero, día en que se dio a conocer el informe, la Secretaría de Gobernación (Segob) mostró, a nombre del Gobierno de México, una cierta molestia con el informe.
“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados.
“Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención”, indicó en un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sin embargo, el gobierno federal aceptó la colaboración internacional en el caso y el GIEI empezó a trabajar en marzo. Con su llegada, tanto defensores de derechos humanos, como los padres de los jóvenes desaparecidos, ponían sus esperanzas en los expertos para probar si las declaraciones de decenas de detenidos sobre los sucesos de Iguala, eran ciertas o no.
“La PGR anunció su verdad histórica y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, comentó Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), antes del arribo de los expertos a México.
Incluso, Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de los padres, aseguró en su momento que los padres buscaban la presión de instancias internacionales al gobierno mexicano, porque debido a la verdad que asesinó, quemó y desechó los restos de los jóvenes en el río San Juan, ya nadie los buscaba.
“Frente a cinco meses de la desaparición, se haya un estancamiento de las investigaciones. La PGR con su verdad histórica inexistente, ha detenido la búsqueda, las investigaciones. Estamos preocupados porque no hay elementos para establecer que los jóvenes fueron calcinados en el basurero de Cocula, esa hipótesis es pobre en las pruebas que tiene”, dijo Vidulfo Rosales.
GIEI y sus expertos
Los cinco expertos del GIEI trabajan desde años en la atención a víctimas; el grupo lo conforma Carlos Martín Beristain; Ángela Buitrago, quien trabajó en desapariciones cometidas por el Estado en Colombia; Francisco Cox Vial, colaboró en el caso de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet; y la ex Fiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz.
El quinto experto, Alejandro Valencia, es ex consultor de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los expertos trabajaron en un primer momento durante seis meses de mandato en el caso. Sus primeras conclusiones fueron en torno a la versión de Murillo Karam; sus últimas investigaciones apuntan a que ni siquiera hubo un incendio en Cocula el día de los hechos.
A principios de este mes y durante su última conferencia de prensa de 2015, el GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ángela Buitrago informó que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 de septiembre llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, apuntó Carlos Beristain, sobre los más de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
Incluso, los expertos informaron que le indicaron a la PGR que no es necesario realizar un segundo peritaje en el basurero de Cocula, porque el incendio no existió.
Foto: Reuters
Foto: Reuters
En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en un proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo.
“Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material del experto en fuegos José Torero Cullen –el primero en decir que no había rastros de que los normalistas hubieran sido quemados en Cocula- y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo señaló que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.
José Torero, el primero en decir que no fueron incinerados en Cocula
En septiembre, el perito independiente José Torero indicó, a través de una valuación de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula, que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR.
Afirmó que el tema sobre el incendio debió ya ser descartado, en lugar de investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente, y otras revelaciones del informe del GIEI.
En su momento, el perito fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.
Torero encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás, y destacó que la versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.
De acuerdo con la UNAM, para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero; además, para que los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.
La cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda; la cual fue negada por vecinos del lugar y por las imágenes revisadas por el GIEI.
En caso de que la cremación de los normalistas se hubieran hecho en hornos modernos, se hubieran requerido dos mil 291 toneladas de gas para cremar los 43 cuerpos. Además, una empresa estándar maneja seis cremaciones por día, por lo que debieron estar 12 horas en ocho días en operación.
Más tiempo del GIEI en México
Luego de la conferencia de prensa de los investigadores del GIEI, la PGR desestimó la información presentada, pero para los padres de los 43 normalistas, las preguntas sin respuesta fueron suficientes para exigir una investigación internacional, pues no creían en el gobierno mexicano.
Por ello, los expertos internacionales firmaron en noviembre un acuerdo para continuar con la investigación.
“Apostamos que los expertos puedan aportar muchos elementos para mejorar la investigación y que se abran nuevas líneas, que se investigue no solamente a nivel municipal, sino federal y estatal”, indicó Brewer.
“Es un llamado al Estado para que el grupo tenga el acceso completo al expediente. Si tiene las condiciones adecuadas seguramente van a descubrir y traer a la luz varias cosas, podrían significar un giro a la investigación”, subrayó.
Brewer agregó que para los padres de los normalistas, los expertos de la CIDH, significaban una esperanza de justicia, pues ya no creen en el Estado mexicano.
En su estancia en el país los expertos recomendaron a las autoridades mexicanas investigar casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes.
Incluso, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), quien también es coadyuvante en el investigación, reveló que los tres testigos que apuntalaron la “verdad histórica” con la que Murillo Karam concluyó que los 43 estudiantes desaparecidos fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, confesaron que fueron torturados.
Mario Patrón indicó que de comprobarse que fueron torturados, la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.
“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso, sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y dice que seguirán indagando en torno a estas declaraciones”, detalló.
Otro móvil
Además, en su informe, el GIEI negó el móvil que argumentó la PGR: que los estudiantes iban a boicotear un acto del matrimonio Abarca. El informe dice que no es así.
De acuerdo con la información divulgada por los expertos, los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 no iban a “boicotear” el evento político de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez. Los estudiantes llegaron tiempo después de concluido el acto público.
En su momento, Murillo Karam aseveró que las investigaciones apuntaban a que los muchachos “iban a Chilpancingo a botear para venir a una manifestación el 2 de octubre –a la Ciudad de México-. Pero se los llevaron directo a Iguala. En el camino les dijeron que iban a impedir que hubiera un evento político”.
Y según la dependencia, fue el presidente municipal quien dio la orden de detener a los jóvenes la noche del 26 de septiembre.
Sin embargo, la investigación de la CIDH determinó que el desarrollo de los hechos tuvo más de 10 escenarios y momentos el 26 de septiembre, a partir de la información existente en el expediente y de la obtenida por el propio grupo de expertos.
“Del análisis de la información realizado, se desprende que los estudiantes llegaron tiempo después de que se terminara el acto de la presidenta del DIF el día 26 y el ataque se dio en otro lugar. Las autoridades tenían desde el inicio el conocimiento de que se trataba de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encontraban en acciones de boteo y toma de buses para sus actividades”, dice el documento.
Los expertos de la CIDH pidieron reclasificar el caso por desaparición forzada.
“Se tiene que reclasificar, es una de las primeras recomendaciones que hasta ahorita está incumplida: hay 106 personas detenidas, pero ninguna tiene imputación por desaparición forzada, lo que es un mecanismo directo de impunidad. Esta reticencia se entiende porque el Estado busca huir de su responsabilidad”.
Además, en todo momento, el Gobierno Mexicano se ha negado en hacer posible la entrevista de los expertos con el 27 Batallón del Ejército Mexicano.
Arely Gómez y un nuevo peritaje
PGR_Ayotzinapa-1Una vez que se dio el informe del GIEI, la nueva procuradora, Arely Gómez González, avaló el documento de los expertos y anunció un nuevo peritaje y una prórroga para que permanezcan en México los especialistas enviados al país por el organismo internacional.
“Se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto nivel”, detalló.
En un mensaje a medios, en el que no se admitieron cuestionamientos de la prensa, la procuradora recalcó que las investigaciones del grupo internacional confirman las líneas de indagatorias de la PGR integradas en la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam.
“En lo que respecta a la autoría de estos hechos, las conclusiones de este grupo de expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías municipales de Iguala y de Cocula participaron en la autoría de estos hechos”, señaló la funcionaria federal.
El 20 de octubre, el Estado mexicano aceptó trabajar de la mano con el GIEI a través de la firma de un acuerdo que consta de 10 puntos, en el marco del 156 periodo de sesiones de la CIDH que se realizó en Washington, DC.
Ángela Buitrago anunció que el GIEI y el Estado mexicano acordaron que los especialistas seguirían siendo coadyuvantes en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.
El primer acuerdo fue la salida inmediata de la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y que pasara a manos de Eber Omar Betanzos Torres como nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC).
El GIEI y el Estado acordaron que el nuevo peritaje en el basurero de Cocula que anunció la PGR, será realizado con el consenso de ambas partes.
La elección de los perfiles de los expertos que participarán en el peritaje, será realizado entre el GIEI y la PGR.
El Estado aceptó integrar el informe de los expertos de la CIDH en la investigación y que se conformará un nuevo equipo de trabajo, con representantes de las víctimas. Además, de que se abrieran nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI y se firmará una minuta que determine los acuerdos la forma de seguimiento de los acuerdos por la PGR y el GIEI.
Se acordó relanzar la búsqueda con las autoridades competentes, realizar minutas de las reuniones del GIEI con el nuevo equipo de la PGR y que los expertos proporcionarán un documento de trabajo para realizar la investigación y las búsquedas.
En el acuerdo también se estipula que el Estado se compromete mantener en confidencialidad los hallazgos de la investigación, hasta que los padres de los jóvenes sean informados.
En su último informe, ya como parte de su segundo periodo de mandato, los expertos revelaron que el Estado mexicano continúa negando las entrevistas con militares.
El GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de militares del 27 Batallón. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.
Destacaron la necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición.