Comunicado de Prensa
2 de julio de 2015
- En la masacre de Tlatlaya en México, la orden fue abatir
- Documento militar publicado hoy desafía la narrativa oficial
Washington, D.C.— Hoy, una organización de derechos humanos en México dio a conocer un documento que demuestra que los militares mexicanos tenían órdenes de “abatir delincuentes” en el área de Tlatlaya, en el Estado de México, donde soldados mataron a 22 personas el 30 de junio de 2014. Estos resultados se hicieron públicos en un informe dado a conocer hoy por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal», dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder en investigación y promoción de los derechos humanos en las Américas.
Según la historia oficial sobre la masacre, los soldados habían estado patrullando la zona cuando fueron atacados por presuntos secuestradores, provocando un tiroteo que dejó 22 muertos. Sin embargo, el análisis forense demostró que muchas de las víctimas fueron ejecutadas, lo que corrobora el testimonio de testigos presenciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) más tarde llegó a la conclusión de que al menos 12 de las personas que murieron fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena del crimen para que pareciera como una confrontación. El gobierno mexicano ha, desde entonces, ejercitado acción penal en contra de siete soldados por el homicidio de ocho de las víctimas.
Como se describe en el informe del Centro Prodh, las comunicaciones de la policía y militares posteriores al incidente establecen que 22 personas habían sido «abatidas», usando el término de la orden original.
«El gobierno mexicano primero pintó esto como una confrontación y luego como un incidente aislado. La evidencia que se hizo pública hoy demuestra que los soldados fueron enviados con la misión de matar a los delincuentes», dijo Meyer.
Entre 2006 y septiembre de 2014, al menos 3,600 civiles fueron asesinados en confrontaciones con las fuerzas armadas mexicanas. «Es alarmante pensar que si no fuera por las sobrevivientes y la atención de los medios internacionales, Tlatlaya podría haber sido registrado como uno de los muchos enfrentamientos armados», afirma Meyer. “¿Cuántas otras muertes son en realidad producto de ejecuciones ilegales. La meta debe ser detener y procesar a las personas, no eliminarlas.»
Las nuevas revelaciones surgen al mismo tiempo que el Congreso de Estados Unidos emite una carta al Secretario de Estado de Estados Uniods, John Kerry, sobre las violaciones a los derechos humanos en México, expresando preocupación tanto por el caso de Tlatlaya como por la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa. La carta, patrocinada por el congresista Alan Lowenthal (D-CA), miembro del Comité sobre Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, y firmada por 81 congresistas más, afirma: «Estos dos casos no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos los casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.
Como WOLA ha señalado anteriormente, el caso Tlatlaya y otras masacres, incluyendo las cometidas por la Policía Federal, apuntan a la necesidad urgente de implementar mayores controles y directrices más claras sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
“Las fuerzas de seguridad federales de México se enfrentan a graves riesgos en el curso de su trabajo, pero la lucha contra la delincuencia no debe suceder a costa del respeto a los derechos humanos”, dijo Meyer.
Más sobre el Informe y Antecedentes
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez representa una de las testigos oculares de la matanza que también es madre de una de las víctimas. En su trabajo legal sobre el caso, el Centro Prodh obtuvo después de varias acciones legales la Orden de Relevo y Designación de Mando, emitida el 11 de junio del 2014, que describe las actividades que las tropas y comandantes deben realizar en apoyo a la seguridad pública en esa área. Estas instrucciones incluyen que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El reporte del Centro Prodh también indica la necesidad de ampliar la investigación del caso para identificar la cadena de mando militar y sanciones quienes son “directamente e indirectamente relacionados en los hechos por haber ejecutado, ordenado o tolerado los acciones u omisiones que dieron lugar a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo”.
WOLA apoya esta solicitud y las recomendaciones del informe que solicitan que el gobierno mexicano garantice una investigación exhaustiva de este acto horrible, continúe las reformas al Código de Justicia Militar y proteja a los testigos de este caso, además de a sus familias y a su defensa legal.
Para leer el reporte del Centro Prodh, haga clic aquí.
Para leer la carta de los congresistas estadounidenses, haga clic aquí.
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