MEDIO: Newsweek en Español
TIPO: Revista
AUTORÍA: Claudia Munaiz
FECHA: 12 de junio de 2015
«NO PUEDO DEJAR DE SENTIR EMOCIÓN cada vez que hablo del tema», confiesa Julio César Márquez con los ojos llorosos. El padre de Yeye, el pequeño de dos años y ocho meses que murió intoxicado hace seis años en el incendio de la guardería ABC; hace una breve pausa. Al inicio de nucsLra charla dice que se imagina a dos señoras de la alta sociedad tomando un café y conversando tranquilamente sobre la idea de abrir un negocio. Una guardería, por ejemplo.
La mirada se le pierde por unos minutos.
¿Qué ocurre cuando alguien decide abrir una guardería y esta no cuenta con las medidas de seguridad necesarias? i.-»n el caso de la ABC de I lermosillo, Sonora, la peor fatalidad. El 5 de junio de 2009 un. incendio provocó la mucrLe de veinticuatro niñas y veinticinco niños y que más de cien pequeños resultaran heridos con quemaduras graves que los marcaron de por vida.
Esta tragedia no habría ocurrido de haber contado con las normas de seguridad indispensables para su apertura y fun cionamiento. La guardería ABC operaba de forma irregular: los propietarios no pagaban una renta mensual; los permisos para abrirla se otorgaron de forma directa y no mediante una licitación o concurso; las salidas de emergencia eran inexistentes; no contaba con extintores -máxime cuando, a escasos metros de distancia, había una gasolinera-. Sólo una pared de agio merado separaba el lugar donde estaban los niños de una bodega que servía de al macen para el gobierno del estado de So ñora. El techo de ese recinto era de lámina recubierta de poliuretano, un material altamente inflamable. Allí fue donde el incendio comenzó. La estancia infantil se convirtió en una jaula mortal.
«Ya llevamos seis años de impunidad, seis años de un crimen sin castigo», denuncia Márquez en el marco de los seis años del fatídico siniestro. Ks él uno de los padres que nos vuelve a recordar que su pequeño hijo »»murió en una tragedia que se gestó incluso antes de que se instalara la guardería ABC».
Esta tragedia, que tuvo lugar en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, no sólo estremeció a un país entero por su crudeza, sino que sacó a relucir una larga cadena de corrupción en los tres niveles de gobierno, así como negli brazo izquierdo. Cuando hablamos de la pequeña que perdió la vida a los tres años con tres meses, rompe a llorar. Recobra la calma como puede y se disculpa por el dolor que se le desborda, incontrolable.
Tras reponerse, observa en la entrevista con esta publica gencia e impunidad, lis fecha en que todavía no hay ningún responsable de mando medio o superior sentenciado. Eso aun cuando, en 2010. la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se habían cometido violaciones graves a las garantías individuales.
El caso de este centro infantil fue paradigmático, ya que, en opinión de Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Rcdim), «mostró la omisión del Estado en el cumplimiento de medidas de se guridad, así corno la complicidad para cubrir de impunidad a las autoridades vinculadas»7. Más aún. subraya que «por esa impunidad se corre el riesgo de que vuelva a producirse una tragedia como la de Hermosillo».
La tragedia de la ABC podría suceder en cualquiera de las guarderías que operan en todo el país. El Movimiento 5 de Junio, formado por los padres de las víctimas de la ABC, ha documentado veintiséis casos de muertes de niños en varios establecimientos. Pero podrían ser muchos más.
HAY QUE PONER FIN AL RIESGO
Abraham Fraijo es el padre de Emilia, otra de las víctimas de la guardería ABC. Lleva tatuado el nombre de su hija en el brazo izquierdo. Cuando hablamos de la pequeña que perdió la vida a los tres años con tres meses, rompe a llorar. Recobra la calma como puede y se disculpa por el dolor que se le desborda, incontrolable.
Tras reponerse, observa en la entrevista con esta publica ción que, por desgracia, es fácil abrir un negocio, como una estancia infantil, sin que sea atendido con el mínimo de precauciones. Si bien la Ley 5 de Junio ya pone trabas para que «se acabe esa avaricia desmedida de un pequeño círculo de personas», es visto que se puede documentar que personas con el mismo apellido «son propietarios de cinco o seis guarderías y ganan 6 o 7 millones de pesos al mes». Fraijo define esta realidad con una calificativo: atroz.
«Si inviertes un millón de pesos al mes -continúa consigues una guardería como las que lienen en Holanda. Yo desde mi celular puedo verificar en internci que mi hija está siendo bien atendida», argumenta. No ocurre lo mismo en nuestro país. Lo que es peor: «Muchos niños siguen muriendo en estancias infantiles no preparadas para ello», denuncia Abraham Fraijo.
Juan Martín Pérez, de la REDIM, considera que no se traía de cerrar establecimientos que aún no han sido regulados, pues «hacen falla para la cobertura y el derecho de los niños al cuidado y a la atención. Lo que se necesita subraya – es inversión pública para que estos establecimientos se profesionalicen y permitan brindar servicios apropiados».
Dos años después de la tragedia de la ABC, varios padres de familia de Hermosillo decidieron traducir su frustración y enojo en propuestas de políticas públicas. Así nació la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de Junio. Hoy por hoy sólo nueve estados la han aprobado: Colima, Sonora, Estado de México, Puebla, Yucatán. Baja California. Jalisco. Tabasco y el Distrito Federal. Las veintidós entidades federativas restantes siguen sin avalar el marco legal que sirve para regular y evaluar el trabajo de las guarderías subrogadas en el país.
Sin la aprobación de la Ley 5 de Junio, el riesgo de que se vuelva a repetir una tragedia como la ocurrida en la estancia infantil sigue vigente. No se trata, según sus promotores, de hacer sólo armonizaciones legislativas, sino de dificultar la. apertura indiscriminada y sin ningún tipo de control de este tipo de estancias que son vistas como meros negocios. Esta norma, no sólo protege a la infancia. Se considera que podría aplicarse en hospitales privados, asilos de ancianos, albergues y orfanatos para prevenir accidentes.
Además, están a la vista los déficits de inversión que se suman a las negligencias por las que siguen muriendo menores de edad.
Como el caso de los tres niños que perdieron la vida junto con otros tres adultos el pasado 9 de agosto de 2011, cuando un camión se estrelló contra una guardería infantil construida con adobe al borde de una carretera en el estado de Nuevo León. O el deceso de una bebé de diez meses, en una estancia infantil de Querétaro, el pasado 11 de marzo de 2014, por una presunta broncoaspiraeión tras ingerir leche de un biberón. O la de una niña de cinco meses, por la misma causa, en una guardería de Chcvumil, en Quintana Roo.
De hecho, «hace unos meses, en Tuxla Gutiérrez, Chía pas, estrangularon a una niña en una guardería de la Sede sol, de acuerdo con la evidencia del forense. Una persona que no estaba capacitada la asesinó», comenla en entrevista con Newsweek en Español e\ activista Daniel Gershenson, quien acompaña a los padres de familia de la guardería ABC.
Ciliali Anahí Díaz de la Cruz fue responsabilizada de ahorcar a una nena de un año y diez meses el pasado 27 de febrero que, además, presentaba lesiones en la cabeza. Primero se dijo que la niña había sufrido un golpe en la cabeza, la necropsia posterior determinó que la causa del deceso fue «asfixia mecánica por ahorcamiento».
Si bien la Procuraduría General de Justicia del Estado consignó a Díaz de la Cruz, maestra del centro infantil Pasitos de Colores, como presunta autora material del delito, así como a Yuridia Vinicia Sarmiento Sánchez (encargada del centro) por complicidad, ocho días después de ser llevadas al Centro de líeinserción Social para Sentenciados número 14, en el municipio de Cintalapa, Chiapas, las mujeres fueron liberadas. El juez del proceso penal en El Amate, Ernesto 1 lernández, reclasiflcó el cargo de las detenidas de homicidio doloso a homicidio culposo no grave. Así quedaron en libertad condicional con el propósito de iniciar un juicio oral.
Sobre los responsables de la contratación del personal de esa guardería no hay lineada responsabilidad alguna. El cofundadory presidente de Al Consumidor A. C. apunta que. de nuevo, en el caso de Cintalapa no hay responsable, como tampoco los hay en el caso de Hermosillo, «una tragedia que en otros países habría derivado en cambios radicales de políticas públicas, habría generado una profunda reflexión sobre que tipo de país permite que mueran cuarenta y nueve niños en esas condiciones», refiere Gershenson.
Por eso, la exigencia de las familias y de la ciudadanía mexicana no se limita a que se esclarezca y sancione a todos los respon sables de las graves violaciones cometidas en contra de los niños de la guardería ABC. Van mucho más lejos: piden que se ponga fin a las situaciones de riesgo para todos los menores que hacen uso de estancias inlantiles en México. «I .o anterior es urgente a la luzde tragedias recientes como el fallecimiento de niños en 2014 y, este año. en guarderías ubicadas en Coahuila, Sonora, Querétaro y Chiapas», coincidieron miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. (Prodh) en un mensaje conjunto presentado la semana pasada en sus instalaciones en el DE No debe perderse de vista las di mensiones del caso ABC. La justicia a todas las víctimas sigue en el limbo.
Son pocos o nulos los avances, jurídi camente hablando. Representantes del Centro Prodh señalaron este 2 de junio que, «debido a que el Estado mexicano no hizo cumplir los requisitos mínimos de seguridad para una instancia ¡rifan til, las familias de las víctimas siguen en su lucha por exigir justicia».