MEDIO: El Economista
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Tania Rosas
FECHA: 30 de abril de 2015
EL SENADO avaló por unanimidad, con 104 votos a favor, la reforma constitucional en materia de desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, delitos que no sólo comete el crimen organizado sino funcionarios públicos.
La reforma al Artículo 73 de la Carta Magna abre la puerta al Congreso de la Unión para elaborar leyes generales sobre las citadas problemáticas, legislación que se deberá concretar seis meses después de que el ordenamiento constitucional se publique en el Diario Oficial de ¡a Federación.
Tras la aprobación, representantes de organizaciones civiles celebraron el primer paso para que el Congreso expida leyes generales que marquen los tipos penales y sanciones a nivel nacional.
Al Senado acudieron representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, de Freedom House y de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, quienes afirmaron que «quedaron pendientes temas como el desplazamiento forzado, así como las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, graves realidades que participan en la crisis de derechos humanos en México».
En el pleno del Senado, todos los partidos políticos aceptaron la reforma que tomó auge tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Angélica de la Peña, titular de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que «en el caso de tortura, discutir si es generalizado o no parece un debate bizantino frente a la realidad. La necesidad es desmontar desde la ley culturas de siglos, donde la lapidación, el cercenamiento de partes (…) vio laciones, especialmente contra mujeres y otros sufrimientos físicos o psicológicos son y han sido reales».
Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, refirió que sólo seis de cada 291 averiguaciones previas terminan en sentencia en materia de desaparición forzada de personas, y que en el 2013 aumentaron en 600% las denuncias sobre tortura respecto del 2003.
Enrique Burgos, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales , opinó que la reforma otorga mayores facultades institucionales para hacerle frente a los fenómenos delincuenciales.
Alejandro Encinas precisó que con la reforma remitida a la Cámara Baja se da un paso adelante en momentos de la crisis más pro funda de derechos humanos después de 1968, en un contexto de impunidad, abuso de poder y responsabilidad directa del Estado en la desaparición de personas.