MEDIO: Zócalo
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Gerardo Hernández
Ni la “verdad histórica” de la PGR sobre el presunto asesinato de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa –desmentida por expertos, analistas y ONG– ni el aparato desplazado a Ginebra evitaron que el Gobierno del presidente Peña Nieto fuera reprobado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDE) de Naciones Unidas. La cancillería no pudo acreditar el cumplimiento de México como uno de los 44 estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desa-pariciones forzadas.
El Gobierno tampoco se ha preocupado por exponer sus argumentos de defensa en nuestro país, acaso por endebles. En cambio, organizaciones cívicas difunden las observaciones de la ONU a nuestro país, donde, según el Comité, la desaparición forzada es un fenómeno generalizado. Con ese propósito, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro y Juan Gerardi, así como la Diócesis de Saltillo y la Casa del Migrante, invitan al Foro de Reflexión sobre las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas. La reunión será hoy en el auditorio de Jurisprudencia de la UAdeC, a partir de las 17:00 horas.
Sobre la comparecencia de nuestro país en Ginebra, “Espacio 4” publica en su nueva edición una nota de Gerardo Moyano, en la que observa:
“México finalmente aceptó que en el caso de Iguala hubo desapariciones forzadas, aunque le exigió al comité ‘ir más allá de la crítica’ y realizar ‘un análisis objetivo’. El CDE le respondió que sin cifras confiables, no se puede hacer ningún tipo de análisis. En referencia a la falta de estadísticas oficiales en la materia, los relatores coincidieron que si no se sabe cuál es el problema no se pueden crear legislaciones ni programas exitosos para disminuir los casos de las desapariciones forzadas.
“Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó al Gobierno: ‘La impunidad ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero’, señala en un informe presentado al CDE. (…)
“Tal como sucedió con la visita del presidente Peña a Washington, el fantasma de Ayotzinapa acompañó a la delegación de autoridades mexicanas (27 funcionarios, incluidas dos diputadas) hasta Suiza. Si bien la comparecencia de México en el octavo período de sesiones del CED (…) estaba pactada desde antes de los episodios de Iguala, el caso marcó su presencia en el banquillo.
“Sobre todo porque las ONG y las familias de los 43 normalistas desaparecidos que acudieron a Ginebra acusaron al Gobierno de intentar dar ‘carpetazo’ a la investigación, por lo que solicitaron designar a un relator especial para atender el caso. Esto, en referencia a la ‘verdad histórica’ de que los estudiantes están muertos, ofrecida días antes por el procurador Jesús Murillo Karam.
“El encargado de presentar el informe ante el CED (…) Juan Manuel Gómez Robledo (…) calificó el trabajo de las autoridades como ‘una investigación criminal sin precedentes en la historia reciente de México’. Resulta irónico que Gómez destacara incluso el ‘trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)’, cuando los mismos forenses argentinos pusieron en duda la ‘verdad histórica’ de la investigación federal”.