MEDIO: La Jornada
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Sanjuana Martínez
FECHA: 22 de febrero de 2015
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que los militares que participaron en el caso Tlatlaya y fueron heridos sean atendidos como víctimas del delito.
El personal del Ejército herido en ese intercambio de disparos es víctima y, por tanto, se le otorgará una indemnización próximamente conforme a la ley, dijo en entrevista Adrián Franco, comisionado encargado de coordinar los apoyos y las asistencias a las víctimas y sus familiares de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 personas, algunas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por militares.
La semana pasada integrantes de la llamada Organización Humanista por el Progreso Social protestaron por las calles del Centro Histórico de la ciudad de México para exigir el debido proceso y respeto a los derechos humanos de los 25 soldados detenidos por ese caso.
La Procuraduría General de la República (PGR) acaba de negar información a la comisión especial de los diputados que indagan el caso Tlatlaya, argumentando que las investigaciones son de carácter no sólo confidencial, sino reservado.
La falta de transparencia institucional en torno al caso sorprende al comisionado Franco: «Estamos ante la posibilidad de hacer justicia y que la Sedena haga un reconocimiento de los delitos. Si hay personal del Ejército responsable de la ejecución a ‘mansalva’ de personas, como ocurrió en Tlatlaya, y eso queda acreditado, es una deshonra para el país, para el Ejército».
Apoyo a elementos castrenses
En los hechos de Tlatlaya registrados el pasado 30 de junio, organizaciones civiles y testigos han señalado a los militares como responsables de ejecuciones sumarias, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el expediente como investigación por violaciones graves a los derechos humanos.
En el expediente de la comisión no están incluidos los militares que ahora han empezado a presentarse ante la CEAV como víctimas, según reconoce el comisionado Adrián Franco: Hemos recibido solicitudes para inscripción de víctimas de la CNDH, de la Sedena, de la PGR y del gobierno del estado de México. Hay tres víctimas directas sobrevivientes, esto derivado de la recomendación 51 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero existe una víctima directa que no está incluida en dicha recomendación: se trata de un soldado lesionado por arma de fuego. En total son 43 solicitudes: 22 víctimas directas y 21 indirectas.
Impunidad militar
Organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro han criticado la forma institucional de llevar a cabo la investigación en el caso Tlatlaya, particularmente porque el Estado permitió a la Sedena abrir su propia investigación, lo cual significa impunidad, con base en experiencias anteriores de delitos cometidos por militares.
Nos preocupa que la PGR haya abierto una investigación y al mismo tiempo la Sedena también, porque esto se aparta de los estándares internacionales en materia de violaciones de derechos humanos cometidos por militares. Cuando militares violan derechos humanos deben ser sometidos a la jurisdicción civil ordinaria únicamente, dice en entrevista el abogado del Centro Pro, Luis Eliud Tapia Olivares.
Define los hechos de Tlatlaya como ejecuciones extrajudiciales, por tanto la gravedad del caso es ahora investigada por la justicia militar, misma que, dice, generalmente protege a los soldados involucrados: No conocemos cuál es el sistema de nombramiento de este juez militar, no conocemos la parcialidad con la que se conduce, y justamente por esto organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación frente a la labor de la jurisdicción militar.
Uno de los aspectos que critica de la justicia militar es que, cuando hay delitos cometidos por elementos castrenses, la responsabilidad recae en la tropa y no en los mandos superiores: Siempre pasa lo mismo, la responsabilidad se le imputa a integrantes del Ejército de bajo rango y nunca se investigan cadenas efectivas de mando. La obligación es buscar responsables hacia arriba. Queremos que no se proteja a militares de alto rango que participaron en Tlatlaya.
Sobre el nuevo fenómeno donde están apareciendo víctimas militares, apunta: Si hay soldados denunciando que son víctimas, tendrá que investigar el Estado si se están fabricando culpables, lo que se está haciendo en México regularmente con cualquier civil. Si ellos dicen que son víctimas, entonces, ¿quienes son los verdaderos responsables de la comisión de estos graves delitos.
Ante la posibilidad de que el caso Tlatlaya quede en la impunidad, Tapia Olivares advierte: Sería un precedente de lo más grave. México está en un examen ante los ojos del mundo.