MEDIO: Proceso
TIPO: Revista
AUTORÍA: Jorge Carrasco Araizaga
FECHA: 22 de febrero de 2015
En su pretensión de tener una justicia a modo, el presidente Enrique Peña Nieto propuso a Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero más tardó en hacerlo que en recibir una andanada de críticas por el perfil policial del ahora diplomático, por su cercanía con Televisa, por su falta de experiencia y por no cumplir al menos con uno de los requisitos constitucionales para el cargo.
Como nunca había ocurrido con alguna propuesta presidencial para ministro de la SCJN, la candidatura de Medina Mora generó un amplio e inmediato rechazo en distintos sectores. Entre los especialistas, incluso se puso en duda la legalidad de la terna enviada por el Ejecutivo al Senado el miércoles 18.
Con Medina Mora, Peña busca reemplazar al aliado natural que tenía en el máximo tribunal, el ministro Sergio Valls Hernández, un declarado priista que falleció el 3 de diciembre de 2014. La Presidencia tardó más de dos meses en elaborar la propuesta al Senado, que incluye a los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco, por lo que la SCJN ha tenido que sesionar con 10 de los 11 ministros que deben componerla.
En cuanto se conoció la iniciativa presidencial, se dio por hecho que el ahora embajador de México en Estados Unidos llegaría a la SCJN, pero el amplio rechazo ha puesto en duda su viabilidad. Los principales opositores son las organizaciones de derechos humanos, por el desempeño de Medina Mora como funcionario policial.
Hombre de confianza de EU
Las tareas de seguridad de Medina Mora lo han convertido en uno de los hombres de confianza de Estados Unidos en México, aunque no era desconocido en ese país. Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, entre 1993 y 1994 fue el representante jurídico del sector privado.
Opacidad persistente
A partir de que Fox lo designó director del Cisen a propuesta del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y hasta la fecha, no ha querido hacer pública su declaración patrimonial. Durante los 14 años en que ha debido hacerla ha evitado que se conozcan sus bienes. Además de razones de seguridad, el motivo son los posibles conflictos de intereses, situación en que caería de forma recurrente como ministro de la Suprema Corte.
Antes de ser funcionario público y aun como director del Cisen fue socio o representante legal de varias empresas. Entre ellas, el Grupo Crea TV. Según el folio mercantil de dicha firma, dado a conocer por Proceso en 2005 (edición 1525), era vicepresidente y apoderado, además de accionista, junto con el escritor Héctor Aguilar Camín; el Consorcio Interamericano de Entretenimiento, de Alejandro Soberón Kuri, y el Grupo TV Promo, de Carlos Quintero Íñiguez.
En el gobierno de Calderón trascendieron los conflictos que tuvo con su sucesor en la SSP, Genaro García Luna, ante la intención de éste de dejar a la PGR sin la AFI, La candidatura de Medina Mora como ministro provocó el rechazo de decenas de organizaciones que, el jueves 19, en una declaración conjunta, dijeron que está descalificado para llegar a la Corte porque «tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está implicado en diversos casos graves de violaciones a los derechos humanos».
Recordaron que el 3 y el 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, durante un operativo de la PFP bajo su mando y de la policía del Estado de México, cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad, dos jóvenes fueron asesinados y hubo 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres. De éstas, 26 denunciaron tortura sexual y 11 de dichos casos están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Justicia; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña de Tlachinollan, el Pro Juárez y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Asimismo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Casa del Migrante de Saltillo y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos».