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MEDIO: El Día

TIPO: Periódico

FECHA: 10 de febrero de 2015

Temen por /a seguridad de los antropólogos argentinos Los padres de familia de los 43 normalistas, señalaron que luego de conocer las irregularidades detectadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR), la «verdad histórica» de dicha dependencia se «cae a pedazos» y que, por lo tanto, deben continuar las investigaciones para localizar con vida a los jóvenes. 

El representante de los padres, Felipe de la Cruz, consideró que es «clara la intención de la PGR de querer encubrir a alguien y no sabemos a quién». 

Comentaron una vez más la desconfianza que tienen hacia dicha dependencia, debido a que suele sembrar pruebas e inventar casos, ademas de que sus conclusiones están basadas en las declaraciones de los presuntos responsables. 

De la Cruz dijo que temen por la seguridad de los peritos argentinos después de que dieron a conocer los resultados de sus indagatorias, pues contradice la versión del gobierno federal sobre este caso. 

Reiteró que con este dictamen del Equipo Argentino de Antropología Forense se fortalecen más sus acciones, pues ahora tienen más claro que los restos encontrados en el Basurero de Cocula no corresponden a los estudiantes desaparecidos. 

Destacó que el gobierno federal ha protegido a los militares involucrados, por lo que en los próximos días visitarán los cuarteles. 

El representante de los padres de los normalistas aseguró que el hallazgo de los 61 cuerpos en el crematorio en Acapulco es una situación que busca distraer la atención y no está relacionado con el caso Iguala. 

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que los principales elementos encontrados por el equipo argentino que contradicen la tesis del gobierno federal son el hallazgo de una prótesis dental que no corresponde con ninguno de los estudiantes y el descubrimiento de que en el basurero de Cocula hubo otros incendios previos al 26 de septiembre del 2014, fecha en la que desaparecieron los jóvenes. 

Apuntó que el gobierno federal debe garantizar el acceso a todos los expedientes por parte de los expertos argentinos, pues la PGR ha limitado la revisión a los mismos. 
Además, los padres de familia señalaron que esperarán la visita a finales de febrero de los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que den su propia opinión sobre las actuaciones de la PGR. 

Diputados también critican Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que con casos como el de la liberación de Sandra Ávila Beltrán, el pasado fin de semana, se pone en duda la honorabilidad y eficacia que debiera existir en la procuración e impartición de justicia en México. 

«Cualquiera por elemental lógica, cuando menos, pone en duda la honestidad, la honorabilidad, la eficacia, la eficiencia que deberían tener la procuración e impartición de justicia en nuestro país», indicó en declaraciones a la prensa al concluir una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

La también llamada «Reina del Pacífico» fue liberada el pasado sábado de un penal de Tepic, tras varios años de permanecer en prisión por presuntos nexos con el narcotráfico. 

«En el caso de Sandra Ávila, al rato va a resultar que hasta le debemos, por haberla tenido detenida en la cárcel, porque no hicieron el debido proceso y no integraron como debe ser el expediente», aseveró Alonso Raya. 

Añadió que este asunto se suma al de la liberación del Rafael Caro Quintero, en agosto de 2013, entorno a los cuales que crea un conjunto de dudas. 

«Lo que pasa ahora con Sandra Ávila y pasó en su momento con Caro Quintero deja cuando menos un conjunto de dudas; a Caro Quintero terminaron dictándole una nueva sentencia después de que ya lo habían liberado .expuso el líder parlamentario. 

Alonso Raya aclaró que esos acontecimientos ameritan al menos sospechar sobre las instancias, ya que «siendo francos, diríamos que varios de los que están detenidos,merecerían estaren libertad». 

Por tal motivo, el panista Ricardo Anaya Cortés pidió que el Poder Judicial de la Federación explique de manera «clara y contundente» por qué fue liberada Sandra Ávila Beltrán tras permanecer varios años en prisión por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. 

«Parece que sería muy conveniente que se aclarara, de manera puntual lo relativo a su caso jurídico, porque ha despertado enorme sospecha entre la sociedad mexicana», indicó el líder parlamentario en declaraciones a la prensa. 

«Me parece que por salud debe darse una explicación, clara y contundente, de por qué fue liberada y que a partir de ahí podamos fijar posición todos», sostuvo. 

Anaya Cortés subrayó que «sería muy sano que el Poder Judicial de la Federación lo hiciera». 

Inaceptable que se pretenda sembrar dudas sobre caso Ayotzinapa: PGR La Procuraduría General de la República (PGR) subrayó que no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 

En ese sentido, exhortó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la averiguación de los normalistas de Ayotzinapa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa. 
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) enfatizó que dicho equipo en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula. 

Recordó que desde el primer momento se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, «a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos». 

Señaló que por el interés de los familiares y defensores autorizados en la investigación, se les hizo entrega, en todo momento, de los dictámenes, diligencias y evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso. 

Con relación al señalamiento de que el equipo argentino no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos en el Río San Juan, la PGR resaltó que les fue comunicado el inicio de la diligencia la noche anterior, por parte del equipo de la Procuraduría. 

Ese día, dijo, el EAAF decidió darle prioridad al basurero de Cocula y se dirigió a él en lugar de al Río San Juan, aun cuando el vehículo que los transportaba llegó ahí y descendió personal de la Procuraduría (incluyendo peritos) para realizar dicha diligencia. 

Además del Agente del Ministerio Público que conducía la diligencia, se encontraban en el lugar dos testigos de asistencia, un Fiscal de la PGR, buzos de la Secretaría de Marina y más de cien personas de diversas instituciones del Gobierno Federal resguardando la zona. 

«Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF», expresó. 

Con relación al señalamiento del equipo forense respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el Río San Juan, subrayó que el equipo argentino no es autoridad y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético. 

Además de que la cadena de custodia fue iniciada por el Agente del Ministerio Público que condujo la diligencia, quien, además de ser el responsable de la misma, tiene fe pública, por lo que la PGR subraya que dicha petición, rebasa con creces su función de peritos habilitados. 

Respecto de la diligencia para practicar un dictamen en las inmediaciones del Basurero de Cocula, el 15 de noviembre, señala que el EAAF no fue convocado dado que no se encontraban acreditados peritos en materia de balística ni de ninguna otra disciplina que no fuera Antropología, Criminalística y Genética, dentro de su grupo. 

El propósito de la diligencia era la recolección de elementos balísticos, por lo que no era necesario que ellos estuvieran presentes, aclaró la Procuraduría General de la República. 
En ese sentido, la Procuraduría señala que se han realizado hasta el momento 487 peritajes, en 26 especialidades, sin que el equipo argentino participara en todos y cada uno de ellos por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación. 

A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas, parecerían más especulaciones que certezas, indicó. 

En todo caso, se les exhorta a que, en el ejercicio de su deber y responsabilidad adquirida dentro de la Averiguación Previa, aporten sus dictámenes dentro del expediente, que es donde se deben establecer los criterios científicos, basados en metodología rigurosa». 

Respecto del resguardo del sitio, efectivamente, una vez que se habían concluido los peritajes en el Basurero de Cocula,de común acuerdo los miembros del EAAF y los Peritos de la PGR determinaron que ya no era necesario mantener preservado el lugar, dado que se habían practicado en su totalidad las pruebas y no había mayores indicios que aportaran a la investigación. 

Sin embargo, agregó, su petición de volverlo a resguardar, fue atendida y los días que no se contó con seguridad en el lugar, no representan ninguna afectación al resultado de la investigación. 

Por ello, subrayó que «no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, se pretenda sembrar la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas, esto mismo corroborado por los materiales y exámenes científicos practicados en dicho lugar por esta Procuraduría». 

La PGR dijo que ha actuado, en todo momento, con transparencia y profesionalismo, permitiendo que los familiares y sus representantes, así como el propio EAAF colaboren y tengan acceso a los 85 tomos y 13 anexos que comprenden la Investigación, y manifiesta que seguirán haciéndolo, porque lo que busca es que se haga justicia.