MEDIO: El Univesal
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Liliana Alcántara
FECHA: 10 de febrero de 2015
Luego de las irregularidades detectadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense en las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR), padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos señalaron que la «verdad histórica» del gobierno federal se «cae a pedazos», y que por lo tanto deben continuar las indagatorias y la búsqueda de los jóvenes con vida.
Felipe de la Cruz, representante de los padres, dijo que «está clara la intención de la PGR de querer encubrir a alguien y no sabemos a quién».
Recalcó que los familiares «no nos equivocamos al desconfiar de la PGR», pues consideró que la dependencia acostumbra sembrar y forzar evidencias, además de que sus conclusiones están basadas en las declaraciones de los presuntos responsables y no en pruebas científicas.
En conferencia de prensa, manifestó que temen por la seguridad de los peritos argentinos después de que dieron a conocer los resultados de sus indagatorias, pues claramente desmienten al gobierno federal y contradicen la versión oficial sobre este caso.
Destacó que el gobierno mexicano ha protegido a los militares involucrados, por lo que en los próximos días visitarán los cuarteles, aunque no informó sobre la fecha del recorrido «para no alertarlos».
Consideró que el hallazgo de los 61 cuerpos en el crematorio en Acapulco es una situación que busca distraer la atención y no está relacionado con el caso Iguala.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que los principales elementos encontrados por el equipo argentino que contradicen la tesis del gobierno federal son el hallazgo de una prótesis dental que no corresponde a ninguno de los estudiantes y el descubrimiento de que en el basurero de Cocula hubo otros incendios previos al 26 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieron los jóvenes.
Destacó que también se solicitará a los expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) -que llegarán al país a finales de este mes-, que revisen las actuaciones y los expedientes de la PGR.
Señaló que dicha dependencia debe garantizar el acceso libre a los mismos y no ocultarlos, pues los padres de familia aseguraron que los forenses argentinos sólo han podido corroborar una parte de la información que posee el gobierno federal debido a que la mayor parte les ha sido negada.
Aclaró que la identificación de los restos del estudiante Alexander Mora en el basurero de Cocula, que fue confirmada por los forenses argentinos, es respaldada por los familiares.
Sin embargo, destacó que persisten las dudas en torno a los demás restos, pues además el Equipo Argentino de Antropología Forense observó que algunos de los códigos entre las muestras que se encontraron en Cocula y las que fueron enviadas para su análisis a la Universidad de Innsbruck, en Austria, no coinciden y por lo tanto, son incorrectos.
Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, resaltó que además ninguno de los presuntos implicados en el caso Iguala ha sido procesado por el delito de desaparición forzada y tampoco se han deslindado responsabilidades contra el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.