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  • El Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.
  • La revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de impunidad.
  • Las conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un cambio profundo en las acciones estatales.
 

México, a 29 de enero de 2015.- El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
 
El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.
 
México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a derechos humanos.
 
En este marco, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.
 
A la par, resultan inaceptables los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.
 
La falta de transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Asimismo, hasta la fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero nunca recibieron respuesta a su solicitud.
 
Tanto familiares de personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación.
 
Organizaciones firmantes:
 
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
H.I.J.O.S. México
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
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