MEDIO: El Economista
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Ana Langner
FECHA: 19 de Noviembre de 2014
A CON EL acuerdo de asistencia técnica entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios nacionales y representantes de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) buscará que el Estado mexicano resuelva los problemas estructurales de las desapariciones forzadas, que «lamentablemente» —dice este organismo internacionalson muchos.
Ayer, en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue oficializado el acuerdo mediante el cual la CIDH designará a un Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica para la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, para apoyar también al Estado mexicano en las investigaciones y en las acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables y en la asistencia a los familiares.
Los integrantes de ese grupo Ínterdisciplinario serán dados aconoceren los siguientes días por parte de la CIDH y una vez informadas las partes, dicho grupo se trasladará a México para realizar trabajo de campo, asesoría y recomendaciones a 1 gobierno El relator para México de la CIDH, James Cavallaro puntualizó que la cooperación técnica estará orientada a determinar el p aradero de los 43 es tudiantes desaparecidos, sancionar a los responsables —materiales e intelectuales— y asistir a los familiares de manera integral.
Explicó que el grupo interdisciplinario de expertos independientes tendrá facultades y coadyuvará en los procesos internos con sugerencias sobre personas que deberían ser denunciadas, así como recomendaciones al Estado mexicano en relación con me didas para poder responder a futuros casos de desaparición forzada.
A su vez, la intención de la Comisión es emitir recomendaciones que ayuden a resolver las causas estructurales de las desapariciones forzadas en el país «para ponerles fin, de una vez y para siempre».
Sobre si México puede responder de acuerdo con la normativa internacional en materia de desaparición forzada James Cavallaro explicó que «desafortunadamente no ha venido aconteciendo, sino todo lo contrario, con los casos cada vez más numerosos de desapariciones forzadas».
En tanto, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza Longo ria, refirió que el fenómeno de desaparición forzada en México no debe ceñirse al caso Iguala, sino desde el plano estructural. «La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (…) ha mandado un mensaje de que esto es un hecho de extraordinaria impor tanda. El relator para México ha dicho que esto debe ser unparteaguas.
El fenómeno de desapariciones forzadas debe tener una manera radical de enfrentarse y la Comisión manda un poderoso mensaje de que no sólo se atienda el caso (Iguala), sino también lo estructural», dijo Álvarez Icaza Longoria.
El secretario ejecutivo de la CIDH exhibió que el fenómeno de desaparición forzada en México «lamentablemente» ocurre en distintas partes del país «y eso lo hace más grave en términos que no sólo son hechos que se han repetido, sino, en ocasiones queda un manto de impunidad «.
En los 25 años que tiene conformada la CIDH, este organismo ha firmado en tres ocasiones este tipo de asistencia: dos para México —caso Digna Ochoa e Iguala— y uno para Argentina por un atentado con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israe lita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994 Sin poder hacer análisis estructurales sobre la cifra anterior, la asistencia técnica a México revela la importancia del caso de Iguala. «Es un tema de tal gravedad que tiene que generar no sólo encontrar a los normalistas convida, sino un cambio radical (…) en desarrollar las capacidades a nivel federal y a nivel estatal».
El acuerdo fue firmado por la CIDH —representada por el Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza y el relator lames Cavallaro—,el Estado mexicano —representado por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo; la subsecretaria de gobernación, Lia Limón; la subprocuradora Mariana Benítez y la encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos, Eliana García—y los solicitantes de la medida cautelar que otorgó la CIDH para los estudiantes de Ayotzinapa, representados por Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).