MEDIO: Reforma
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Silvia Garduño
FECHA: 13 de Noviembre de 2014
El Gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron ayer un convenio de asistencia técnica por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa En la firma del documento participaron James Cavallaro, relator para México de la CIDH, y Emilio Rabasa, Embajador de México ante la OEA, así como Lía Limón, subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, y las subprocuradoras Mariana Benítez y Eliana García.
También asisitíeron al piso 14 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los activistas Mario Patrón y Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y la coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, María Luisa Aguilar.
Esas organizaciones fungen como representantes de los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala Las subprocuradoras Benítez y García indicaron que ayer sólo se formalizó el acuerdo, pues la CIDH todavía no define al grupo de expertos ni la ayuda específica que proporcionará, aunque adelantaron que ese grupo emitirá un informe y recomendaciones.
«La asistencia técnica es ya común para la PGR», señaló García, subprocuradora de Derechos Humanos, quien indicó que un grupo de expertos apoyarán las investigaciones del caso.
Benítez, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, agregó que la investigación de Ayotzinapa continúa y que el viernes lo único que hizo fue dar los avances.
«El Estado mexicano está en plena disposición de colaborar y de recibir esa asistencia técnica, porque en este caso, que es tan grave y tan doloroso, la suma de esfuerzos es bienvenida», refirió.
Dijo que la asistencia técnica no se brinda cuando un Estado no puede cumplir, sino que en el marco del esquema internacional del que México forma parte, se recibe un apoyo para fortalecer capacidades y apoyar en una investigación que a todos interesa que llegue a una buena conclusión.
Mediante un comunicado, la SRE informó sobre la firma del mencionado acuerdo, que se da en seguimiento a la implementación de las medidas cautelares decretadas por la CIDH el pasado 3 de octubre, y cuya suscripción se oficializará la próxima semana.
Por otra parte, García refirió que la información de los restos encontrados en varias fosas en poblados de Guerrero están siendo integrados en la base de datos única AM-PM (antes mórtem-post mórtem), sobre personas desaparecidas.
Benítez dijo que esos datos se cruzarán con la base de datos genética, que se nutrirá con información de todos los estados, y se espera impulsar en la próxima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el 22 de noviembre.