Miles de personas migrantes atraviesan diariamente el territorio mexicano con la esperanza de llegar a la frontera norte para cruzar a los Estados Unidos y encontrar un trabajo que les permita a sus familias sobrevivir.
Durante el trayecto, además de hambre, sed, frío, cansancio, soledad, ansiedad y tristeza, las y los migrantes centroamericanos son susceptibles de sufrir toda clase de abusos. Ellas y ellos pueden ser engañados, extorsionados, secuestrados, abusados sexualmente, torturados, desaparecidos y ejecutados a manos de la delincuencia organizada, frecuentemente con tolerancia o complicidad de las autoridades.
Además de los abusos anteriormente descritos, parece existir otro fenómeno que necesita ser mejor documentado y visibilizado y que, de actualizarse, constituiría otra forma de transgredir los derechos de las personas migrantes en su paso por México. Se trata de la detención de personas migrantes y su vinculación a procesos penales, situación que puede traer como resultado la violación a diversos derechos humanos, entre ellos el debido proceso legal.
El fenómeno de imputación de delitos falsos contra personas migrantes se hace evidente a través del caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, hondureño perteneciente al pueblo garífuna, de 38 años de edad al momento de escribir estas líneas, que en enero de 2009 partió de su país con destino a Estados Unidos.
En un intento por acercarnos más a este fenómeno y tratar de vislumbrar sus dimensiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha llevado a cabo una investigación sobre personas centroamericanas recluidas tanto en cárceles estatales como federales a lo largo del país. Parte de la información presentada en las siguientes páginas es el resultado de dicha investigación, conformada por la sistematización y el análisis de los datos proporcionados por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas tras el envío de solicitudes de acceso a la información.
