MEDIO: El Economista

 

TIPO: Periódico

 

AUTORÍA: Ana Langner

 

FECHA: 28 de Agosto de 2014

 

SI EXISTEN personas desaparecidas es porque el Estado lo permite, ya sea en coparticipación del delito o por impunidad, denunció un contingente de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, a celebrarse el 30 de agosto. 

Al dar a conocer acciones que encabezarán a partir de los recientes informes de la Procuraduría General de la República respecto al registro de 22,322 personas «no localizadas», Ximena Antillón de Fundar Centro de Análisis e investigación, advirtió que la falta de búsqueda e investigación de personas desaparecidas hará que los casos aumenten. 

«El Estado está incumpliendo su deber de proteger a las personas, de darles seguridad y de garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación. La impunidad genera nuevas violaciones a los derechos humanos tanto a las victimas como a sus familiares y la sociedad en su conjunto», mencionó la investigadora en materia de derechos humanos de Fundar. 

Cerca de un centenar de ONG, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Comité Hasta Encontrarlos y Fundar, indican que la falta de voluntad política del gobierno federal y los gobiernos estatales ha derivado en la inexistencia de una política integral de búsqueda efectiva de las víctimas e investigación y sanción de las personas responsables. 

De acuerdo con las organizaciones civiles, las acciones reportadas por el Estado mexicano en su conjunto contrastan con las variables cifras oficiales de personas desaparecidas; números que no consideran a las personas migrantes que desaparecen en su tránsito por México, ni las desapariciones forzadas cometidas durante los años 60,70 y 80. 

Bajo este clima, de forma aparte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias instaron a los gobiernos a apoyar a los familiares de los desaparecidos mediante la eliminación de todos los obstáculos que dificulten la búsqueda de sus seres queridos, incluyendo la apertura de todos los archivos, especialmente los archivos militares.