MEDIO: Maya Comunicación
TIPO: Periódico
FECHA: 19 de Agosto de 2014
Los diputados Víctor Reymundo Nájera Medina, José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez del Partido de la Revolución Democrática, y los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, enviarán a la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las violaciones al debido proceso en agravio de Ángel Amílcar Colón Quevedo, persona hondureña de origen garífuna .
El caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, es paradigmático de la criminalización y la tortura en México por las condiciones de persona migrante y origen étnico, explican diputados en el Punto de Acuerdo.
En el documento se describe la historia que enfrentó Ángel Amílcar en su paso por el país. Ángel salió de Honduras con el fin de llegar a Estados Unidos para encontrar trabajo y así pagar el tratamiento médico de su hijo mayor gravemente enfermo de cáncer, hoy fallecido a causa de la enfermedad. Después de dos meses, llegó a Tijuana, su último paso hacia Houston.
En dicha ciudad fronteriza, un contrabandista de personas locales –coyote- le obligó a quedarse en una casa a la que fue trasladado con los ojos vendados, antes de llevarlo a la frontera. Fue en esta casa que el 9 de marzo de 2009, elementos de la Policía Federal Preventiva, la Policía Ministerial del Estado y la Policía Municipal, detuvieron a Ángel y a otras 10 personas en un operativo en el que allanaron el lugar donde se encontraban.
Ángel fue acusado por delitos federales como delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana con fines de comercio. Sin embargo, cuando fue detenido, él no estaba en posesión de armas y no existen elementos que lo vinculen a las drogas que fueron encontradas en el lugar.
Durante su detención, Ángel Amílcar fue torturado, sometido a malos tratos por elementos del Ejército y policías federales antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público Federal. De esta manera fue obligado a auto-inculparse. Su declaración bajo tortura fue reconocida y utilizada para condenarlo.
A más de cinco años de los hechos, Ángel se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No.4 Noroeste en Tepic, Nayarit. Los diputados explican que su caso evidencia la vulnerabilidad, criminalización y estigmatización que enfrentan las personas migrantes en el territorio mexicano.
Asimismo, resulta alarmante que la Procuraduría General de la República (PGR) no haya investigado su denuncia de tortura. Hasta ahora la culpabilidad y relación de Ángel Amílcar con los crímenes que se le imputan no han podido ser reconocidas, por ello su inmediata liberación resulta urgente, puntualizan los legisladores en el Punto de Acuerdo.
El carácter de migrante víctima de detención arbitraria, tortura e incriminación penal irregular, obliga a la PGR a retirar los cargos contra Ángel Colón permitiendo su inmediata e incondicional liberación. De igual forma, en su caso, una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la discriminación racial, resulta necesaria, finalizaron en su exposición los diputados firmantes del Punto de Acuerdo.