MEDIO: e-Consulta
TIPO: Blog de noticias
AUTORÍA: Samantha Páez
FECHA: 14 de Agosto de 2014
El presidente junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, confió en que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, sancione el desalojo violento de sus paisanos el pasado 9 de julio y la muerte José Luis Tehuatlie Tamayo, después del recorrido del funcionario por la comunidad para recabar pruebas.
Sin embargo, Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuestionó la legitimidad de la investigación de Plascencia Villanueva, toda vez que tuvo oportunidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Bala previo a su aplicación y no lo hizo, así como no buscó frenar la Ley de Telecomunicaciones que viola el derecho a la privacidad.
No nos vamos a rendir, lo peor ya nos lo hicieron
Tras su participación en el Foro Pensar, Decir y Manifestarse: Los Derechos Humanos y la Vigilancia de las Comunicaciones, organizado por la Universidad Iberoamericana (UIA), Montes Bautista dijo que no le queda más que confiar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y sancione el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, donde resultaron más de 100 personas lesionadas.
Para la visita de Raúl Plascencia recopilaron todas las municiones que encontraron en las calles después del enfrentamiento con los policías estatales, también hablarán por lo menos cinco heridos de gravedad: uno de ellos perdió un ojo y otro tiene seis fracturas en la mandíbula por el impacto de la bala de goma.
El edil auxiliar comentó que los hechos del 9 de julio unieron a los pobladores y aunque han sido hostigados por el gobierno del estado, no tienen miedo de seguir denunciando, porque «lo peor que les pudieron hacer» ya ocurrió durante el desalojo de la autopista. Por eso las supuestas órdenes de aprehensión contra otras 300 personas, incluyéndolo a él, no les asustan.
«La orden específica fue reprimir a Chalchihuapan, porque nosotros estábamos tranquilos. Hasta el día de hoy el gobierno no reconoce su culpa por eso hay mucho enojo y mucha indignación», sostuvo Javier Montes.
Mencionó que el acoso del gobierno ha seguido para que la mamá de José Luis, la señora Elia Tamayo, acusara a los pobladores por la muerte de su hijo, pero como no quiso «vender» a su hijo las autoridades no aportaron recursos para el sepelio del niño, ni para los lesionados. Mientras que están invirtiendo muchos recursos para «limpiar» su imagen ante los medios de comunicación.
«¿Qué clase de gobierno tenemos, que encima de que te agreden te van a meter a la cárcel? Yo no quiero negociar, quiero que se haga justicia, quiero que los culpables (de la muerte de José Luis) estén en la cárcel, por eso nos estamos uniendo contra el gobierno represor», finalizó el presidente auxiliar.
Villanueva no tiene autoridad moral
A pesar de que el edil confía en la autoridad de la CNDH, el representante del Centro Prodh consideró muy lamentable el tratamiento que han hecho las instituciones públicas de la Ley Bala, porque todos los partidos políticos la avalaron y las comisiones de Derechos Humanos no la frenaron a tiempo.
«Vendrá Raúl Plascencia a informar o no sé qué va a decir en Chalchihuapan, porque tiene la mínima legitimidad, él públicamente, a pesar de lo que dijo en el Senado, no interpuso la acción de inconstitucionalidad, después se supo que avaló en un oficio la constitucionalidad (de la normativa) y hoy encabeza una averiguación por lesiones graves a los derechos humanos cuando dijo que esa ley no violaba los derechos humanos», cuestionó el abogado del Centro Prodh.
Ante esta situación dudó de la imparcialidad de las indagatorias que haga la CNDH respecto a los hechos ocurridos en Chalchihuapan, porque al final también sería responsable por omisión, al igual que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) pues no se ha manifestado al respecto.