MEDIO: Uno más Uno
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Alejandro González Pérez
FECHA: 22 de julio de 2014
Grupos civiles responsabilizaron al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo, hecho que calificaron también como un crimen de estado, pues el deceso del menor ocurrió luego de recibir un impacto en la cabeza de un artefacto que dispararon elementos de la Policía estatal al dispersar una manifestación el pasado 9 de julio en la Junta Auxiliar de San Bernardina Chalchihuapan.
A pesar de que Facundo Rosas, emitió sus «conclusiones» de que no se utilizaron este tipo de proyectiles y empeñándose en hacer creer que al menor José Luis fue lesionado con un cohetón por los pobladores, nadie quedó conforme, y están pidiendo sanciones para los responsables, así como las medidas de no repetición para evitar que se vuelvan a presentar abusos por parte de las policías que operan en la entidad.
En conferencia de prensa, en el exterior de la Oficina de Representación del gobierno del estado de Puebla, en el Distrito Federal, Misraim Hernández Fernández, activista de la entidad, leyó un comunicado donde exigen a Rosas Rosas un informe público sobre los hechos ocurridos y que dejó a cinco personas lesionadas de gravedad, entre ellas a José Luis y otro menor de 16 años.
Denunció que el gobierno del estado de Puebla «se ha fm^añaAn en decir que no se utilizaron balas de gorna, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Estas son sólo algunas de las que la población de San Bemardino Chalchihuapan me prestaron, ellos tienen una mayor cantidad de balas, de artefactos».
También acusó que «el sistema policial de Puebla no cuenta con la capacitación para el uso de armamento. Hay varias latas de gas lacrimógeno que están cerradas, están selladas, ni siquiera les quitaron el sello, las arrojaron directamente a las personas».
Por su parte, Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la muerte de José Luis Alberto es un «crimen de estado donde hay responsabilidad directa del gobierno de Puebla, del gobernador Moreno Vale, que fue quien propuso esta legislación, de Facundo Rosas, secretario de Seguridad del estado, quien participó en la implementación y en el desarrollo del operativo».
Hernández León, quien participa en el área de defensa integral en el Centro Prodh, además responsabilizó al Congreso estatal, a los principales partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) porque «autorizaron esta ley hace unos meses y a las comisiones de la Estatal de Derechos Humanos en Puebla como de la CNDH que incluso avaló públicamente que esta legislación no violaba derechos humanos».
También recordó que Facundo Rosas Rosas es un personaje que tiene antecedentes claros de violaciones graves a derechos humanos como la muerte de dos normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió en un contexto de manifestación pública.
Dyo que la denominada «Ley Bala» y sus similares, son legislaciones «altamente regresivas, ya que no sólo se limitan a la restricción de derecho a la manifestación y la utilización de espacio público, sino que habilitan la utilización de fuerza letal.
Desnaturalizan totalmente las figuras jurídicas y permiten, como en este caso, que la policía intervenga de manera directa contra grupos de manifestantes utilizando armas letales o aquellas que no son calificadas por la legislación internacional como letales pero que son para apuntar directamente al cuerpo y a la cabeza de las personas en una dará manifestación de «na gobernabilidad autoritaria que se está consolidando en Puebla».
Por su parte, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que «nominalmente, la ley busca proteger los derechos humanos, pero en los hechos lo que busca es habilitar el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. No estamos exagerando cuando decimos que la Ley Bala fue creada para permitir disolver las manifestaciones en el estado de Puebla».
Dijo que es preocupante el discurso oficial de las autoridades del estado, pues pretenden criminalizar a las víctimas, pretenden imputar a los grupos de manifestantes la conductas delictivas y violatorias de derechos humanos desplegadas por los propios elementos de la Policía Estatal».
Peticianes de orgamzadaoes civiles Una de las peticiones que están pidiendo los grupos civiles es que se abrogue la «Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado», mejor conocida como «Ley Bala», «cuya motivación sea el control y límite del uso de la fuerza por parte del Estado, no la generación de un ambiente intimidatorio que disuada la realización de manifestaciones».
También solicitan a la Comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la del estado de Puebla que inicien una investigación sobre las violaciones a las garantías individuales.
«Es urgente suprimir de todo acto, protocolo e instrumento legal de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, el uso de las granadas, proyectiles, de gas, balas de goma o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, toda vez que atentan contra la integridad y además está probada su ineficacia», indican.
También establecen que «es necesario se implementen protocólos de actuación policial para evitar que la contención de grupos de manifestantes se conviertan en batallas campales que en nada contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos».
Así mismo, pidieron la instauración de un mecanismo extremo de supervisión que coadyuve con la institución policial a que ésta guarde un equilibrio entre sus responsabilidades y el oso electivo de sus poderes, garantizando de sus acciones discrecionales y una mejora en su desempeño.
Y aseguran que «es impostergable la profesionalización de la policía, mediante el establecimiento de estándares de actuación y el iortaiecimiento de mecanismos de supervisión interna y civil. AiImi^ de capacitación sobre el uso racional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos».
Finalizan indicando que si la ley prosigue como tal, sólo se «genera un ambiente intimidatorio e inhibitorio del ejercicio de derechos».