MEDIO: a.m. (Querétaro)
TIPO: Periódico
AUTORÍA: Viviana Estrella
FECHA: 03 de junio de 2014
La Procuraduría General de la República (PRG) no ha publicado alguna reacción a la sentencia que hiciera el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en la que le ordena reparar el daño moral y patrimonial que causara a Jacinta Francisco Marcial, indígena queretana procesada en 2006 por supuestamente haber plagiado a seis agentes federales de investigación.
De momento, la dependencia federal no ha emitido un posicionamiento oficial. En el ámbito local, el titular de la delegación en Querétaro, tampoco ha expresado algún pronunciamiento, luego de que el viernes pasado fuera cuestionado. La respuesta de la delegación ha sido que en oficinas centrales trabajan en emitir un posicionamiento.
El día siguiente a la solución del TFJFA, el delegado en Querétaro de la PGR, Rafael Buendía Madrigal, pronunció únicamente que “enviaremos boletín en ese sentido, ya se generó la información (…) ya generamos la información por parte de oficinas centrales”.
El miércoles 28 de mayo, con 10 votos a favor y dos en contra, en sesión de pleno de la Sala Superior, el tribunal ordenó a la Procuraduría General de la República ofrecer una disculpa pública y resarcir los daños causados por los tres años (2006-2009) que Jacinta vivió en prisión en el Centro de Readaptación Social de San José El Alto.
A esta resolución, le antecede una dictada el 20 de noviembre de 2013, cuando el tribunal estableció que la PGR debería compensar las afectaciones causadas a Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas queretanas que –igual que Jacinta- fueron procedas por el mismo delito.
El Centro de Prodh -órgano que ha propiciando asesoramiento legal a Jacinta Francisco- externó el 20 de mayo que la procuraduría general permanece en la negativa de reconocer la inocencia de las tres mujeres. Ante la resolución que refiere a Alberta y Teresa, la PGR interpuso un recurso de revisión.
Como antecedente, el 16 de septiembre de 2009 la dirección general de comunicación social de la PGR emitió un comunicado: “A partir de los hechos que se desarrollaron el 27 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago Mexquitilán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, donde seis agentes de la AFI fueron privados de su libertad por un grupo de entre 80 u 100 pobladores, con la finalidad de obtener un rescate de 80 mil pesos”.