- Nuevo fallo puede representar avance en materia de reparación pero seguirá siendo insuficiente en tanto no se sancione a los responsables y se evite la repetición.
- Sumamente grave que la PGR aún siga sin cumplir con la sentencia del TFJFA para el caso de Alberta y Teresa.
México, Distrito Federal (20 de mayo 2014).- Después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) emitiese una sentencia favorable para las mujeres hñähño (otomíes) Alberta Alcántara y Teresa González por reparación del daño hace seis meses, el día de mañana esta instancia judicial podría hacer historia al sentar un precedente clave al resolver en favor Jacinta Francisco Marcial, coacusada con Alberta y Teresa de un presunto secuestro en agosto del 2006. Las tres mujeres fueron defendidas en su momento por el Centro Prodh y adoptadas como presas de conciencia por Amnistía Internacional.
Es importante recordar que Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas arbitrariamente y se les incriminó de hechos y delitos falsos por “haber secuestrado o privado de su libertad a un grupo de Agentes Federales de Investigación”. A pesar de lo inverosímil de los cargos, ello provocó su encarcelamiento prolongado hasta que la PGR, ante la evidente injusticia, se vio obligada a retirar los cargos en el caso de Jacinta. Posteriormente la SCJN declaró inocentes y solicitó la inmediata excarcelación de Alberta y Teresa. Este caso es un ejemplo claro de la discriminación estructural que las mujeres indígenas sufren en México. Una discriminación triple por causas de género, de origen social y de marginación económica.
La actitud del TFJFA contrasta con la actitud de la PGR que persiste en su negativa de reconocer la inocencia de estas tres mujeres indígenas detenidas, acusadas y sentenciadas en primera instancia como fruto de una triple discriminación, por ser pobres, mujeres e indígenas. En este contexto las sentencias del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) del 20 de noviembre de 2013, en los casos de Alberta Alcántara y Teresa González, han marcado un precedente histórico de reparación del daño.
Vale la pena recordar que en México a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011, se incorporó expresamente en el párrafo tercero del artículo 1º constitucional la obligación del Estado para “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Un nuevo fallo favorable a Jacinta sin duda alguna representará un avance en materia de reparación con motivo de violaciones a los derechos humanos, pero seguirá siendo insuficiente en tanto no se sancione a los responsables y se evite que hechos como estos se vuelvan a repetir.
Por otra parte nos parece sumamente grave que la PGR aún siga sin cumplir con la sentencia del TFJFA para el caso de Alberta y Teresa, puesto que interpuso recursos de revisión que aún no han sido resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito que hoy en día los conocen. Sin embargo, si es cierta la disposición manifestada por el Procurador General de la República cuando insistió en que “de nada sirve que exista un nuevo sistema penal, ni que se construyan edificios, laboratorios, patrullas, camionetas, si todavía existen funcionarios que no cambian una mentalidad y se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos que derivan en situaciones ‘molestas e injustas’,” también podrán desistirse de estos recursos y reconocer finalmente su responsabilidad.
Para mayor información contactar a:
Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh
Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion[@]centroprodh.org.mx
Para saber más sobre el caso, puedes consultar los siguientes enlaces:
 |
 |
 |
| Ficha sobre el caso | Infografía | Infografía |