- El 20 de noviembre de 2013, el TFJFA condenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a reparar el daño a ambas mujeres indígenas.
- El día 7 de febrero de 2014 la PGR interpuso un recurso que representa una nueva negativa a reconocer que violó los derechos humanos de Alberta y Teresa.
- La PGR también había presentado un recurso para impugnar un proceso similar entablado por Jacinta Francisco Marcial.
El día 7 de febrero de 2014, el Director General de Asuntos Jurídicos de la PGR interpuso un recurso de revisión contra las sentencias que obligaban a esta dependencia a indemnizar y disculparse públicamente con Alberta Alcántara y Teresa González. En los hechos esta acción por parte del Estado mexicano representa una negativa a reconocer que violó los derechos humanos de Alberta y Teresa. Tanto el caso de ellas, como el de Jacinta Francisco Marcial tuvieron gran visibilidad en su momento porque resultaron emblemáticos de la discriminación estructural que sufren los pueblos indígenas en nuestro país.
Resulta particularmente grave que la PGR no reconozca que funcionarios de dicha dependencia actuaron de modo irregular y que insista en criminalizar a Alberta y Teresa sosteniendo incluso que la PGR “no es el Estado” mexicano. Dicho recurso se encuentra regulado por la Ley de Amparo y la del Procedimiento Administrativo y será decidido por un Tribunal Colegiado de Circuito, integrante del Poder Judicial de la Federación, por lo que representa una nueva obstrucción de la justicia a estas mujeres de origen indígena, por parte del Estado.
Recordemos que el 20 de noviembre de 2013, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), por votación de 9 a 1, condenó a la Procuraduría General de la República (PGR) a indemnizar a las indígenas hñäñhús del estado de Querétaro, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por acreditarse que autoridades de dicha dependencia federal incurrieron en actividad administrativa irregular al integrar la averiguación previa que derivó en la ilegal imputación de un delito inexistente y el encarcelamiento de las mujeres por 3 años y ocho meses.
Asimismo, el pleno de la Sala Superior del TFJFA ordenó a la PGR difundir el resultado de la sentencia de Alberta y Teresa y decir públicamente que ellas siempre fueron inocentes de los falsos delitos imputados. La sentencia fue recibida en su momento como un precedente histórico en materia de reparación del daño para personas que han sido injustamente encarceladas en México.
De la misma forma, el caso de Jacinta Francisco Marcial, también detenida y encarcelada injustamente por los mismos hechos, permanece suspendido por un recurso de revisión presentado por la propia PGR contra una resolución de carácter procesal, denotando, nuevamente, la victimización que dicha dependencia mexicana sigue realizando en contra de estas mujeres por su nula voluntad de reconocer las violaciones a los derechos humanos en las que sus servidores públicos incurrieron en 2006.
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