Mujeres de Atenco

Los días 3 y 4 de mayo de 2006 aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1,815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México y ejercieron una brutal represión contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT). El conflicto del segundo día surgió por la agresión policial contra un grupo de floristas, pero generó una reacción totalmente desproporcionada por parte del Estado.

Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago (de 14 años de edad) y el universitario Ollin Alexis Benhumea. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del (FPDT) (que organizaron la resistencia contra el proyecto aeroportuario del Gobierno federal en sus tierras), colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, quienes en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión, en su mayoría, sufrieron tortura sexual a manos de los policías. Éstos aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico; así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias. 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al CERESO de “Santiaguito” sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo contra la tortura y la impunidad.

Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado en mayo de 2008 por el delito no grave de “actos libidinosos” en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad el agresor también fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que examina el caso.

A más de seis años de ocurridos los hechos, y no obstante los señalamientos producto de las investigaciones de la SCJN, de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales, como el Comité para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), no ha habido un llamamiento firme a los servidores públicos para rendir cuentas sobre la represión y los actos constitutivos de tortura sexual contra las denunciantes.