Doña Conchi

El 9 de marzo de 2005, Concepción Moreno Arteaga, “doña Conchi”, fue detenida por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) mientras ofrecía comida a un grupo de migrantes hondureños que habían tocado a su puerta, en la Comunidad de “El Ahorcado”, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Días más tarde, fue consignada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la Ciudad de Querétaro por el delito de violación a la Ley General de Población, acusada de dedicarse al tráfico de personas. El Juez dictó en contra de ella auto de formal prisión y, por tratarse de un delito que la ley considera grave, fue remitida al Centro de Readaptación Social femenil de San José El Alto, donde permaneció recluida. Pese a los vicios evidentes de las supuestas pruebas de cargo, el 31 de octubre de 2005 fue sentenciada a 6 años de prisión. La decisión fue posteriormente confirmada en la fase de apelación.

En mayo de 2007 fue presentado un juicio de amparo e iniciada una campaña nacional e internacional para lograr su liberación. En agosto de 2007, al decidir sobre el amparo, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Querétaro concedió la razón a la defensa considerando que las pruebas de cargo en contra de doña Conchi presentaban vicios de forma y fondo que les restaban validez. En consecuencia, el Tribunal Colegiado ordenó la emisión de una nueva sentencia.

En cumplimiento de la decisión, el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito reexaminó la pruebas del proceso y dictó nueva sentencia en la que estableció la inocencia de Doña Conchi y ordenó su inmediata liberación. Así, después de casi dos años y medio de
prisión, el viernes 31 de agosto doña Conchi recuperó su libertad para regresar con su familia y a su comunidad de origen.

Su liberación representó un acto de justicia que reivindica la actividad solidaria de quienes a lo largo del territorio nacional se solidarizan con los miles de migrantes que día a día son vulnerados en sus más elementales derechos. El caso pone de relieve las dificultades y la falta de garantías a las que se enfrentan quienes en este país apuestan por mantener vigente el respeto pleno de los derechos humanos, especialmente de las personas migrantes.