- Proceso irregular contra Israel es muestra de la incapacidad y la falta de voluntad por parte del gobierno del estado de Chihuahua para otorgar justicia a las víctimas.
- Es responsabilidad del Estado mexicano enfocar sus recursos y energías en combatir las graves falencias en el sistema de justicia, en lugar de atemorizar y confrontar a las familias.
México, Distrito Federal, (7 de noviembre 2013).- La tarde de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió otorgar a Israel Arzate Meléndez el amparo liso y llano contra la vinculación a proceso que buscaba realizar en su contra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el multihomicidio en el caso de la masacre de Villas de Salvárcar.
Esta imputación debe de ser leída como un intento por imponer a nivel jurídico la lógica ineficaz y violatoria de derechos humanos que caracterizó a la lucha contra el narcotráfico predominante en el sexenio anterior. La liberación de Israel Arzate es un triunfo de él y su familia, acompañado por el Centro Prodh, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo al Migrante, que representa además un primer paso para alcanzar justicia y verdad para las víctimas de esos dolorosos hechos por los que compartimos el dolor y la indignación.
El proceso plagado de irregularidades que se siguió en contra de Israel, es una muestra de la incapacidad y la falta de voluntad por parte del gobierno del estado de Chihuahua para otorgar justicia a las víctimas, misma que pretende ser sustituida por procesos en los que se fabrican culpables en lugar de desarrollar investigaciones sólidas. Esto no sólo es una afrenta para las víctimas, sino que además genera un grave riesgo para la transición que nuestro país vive rumbo a un nuevo sistema de justicia acusatorio y oral.
Israel es inocente y ello está plenamente comprobado. Ninguna autoridad ha podido demostrar lo contrario. La decisión de ayer es una muestra más de que durante tres años, Israel vivió una grave injusticia que inició con la violación de sus derechos humanos. Incluso ahora la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha empleado un discurso basado en la criminalización de Israel y la revictimización de los familiares de Villas de Salvárcar, lo que presupone una violación al principio de presunción de inocencia. Ha pretendido imponer a través de los medios de comunicación que le son afines, lo que no fue capaz de probar por la vía judicial a pesar de contar con una gran cantidad de recursos y tiempo para poder hacerlo.
Consideramos que es responsabilidad del Estado mexicano enfocar sus recursos y energías en combatir las graves falencias en el sistema de justicia, en lugar de atemorizar y confrontar a las familias que legítimamente buscan una satisfacción a sus exigencias. Construir chivos expiatorios y no oponerse a esta práctica lo único que favorece es la degradación de un aparato de justicia que ha sido sumamente cuestionado no sólo por las organizaciones que defendemos este caso, sino por una sociedad civil vigorosa que, a diferencia del Estado, se ha esforzado en contribuir a los avances que necesita nuestro país.
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