Periódico: Reforma

Reporteros: Evelyn Cervantes y Carlos Mari

Martes, 30 de abril de 2013

Ante las amenazas dirigidas por el crimen organizado al fraile Tomás González, director del refugio de migrantes “La 72”, y su principal colaborador, Rubén Figueroa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno mexicano aplicar medidas cautelares para proteger su vida y su labor en favor de los indocumentados que ingresan por territorio tabasqueño.

Además, el organismo pidió a México, rendir cuentas de sus indagatorias en relación a las agresiones contra los migrantes.

En conferencia de prensa que ofrecieron en Villahermosa, los dos activistas señalaron que la petición de la CIDH fue emitida el pasado día 19 de abril, luego de que ese organismo confirmó que sus denuncias sobre la inseguridad que enfrentan fueron agotadas y a la vez desairadas por las autoridades mexicanas.

“Las medidas cautelares son para los tres niveles de gobierno, porque ya agotamos nuestras denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además es una forma de decirle al Gobierno mexicano que sus autoridades han sido incapaces de atender la tragedia que sucede con los migrantes en Tabasco puntualizó”, Tomás González .

“Todo este clima de inseguridad para los migrantes es el resultado de huir de la política migratoria del Gobierno mexicano, de detención y criminalización, que no sólo es hacia con ellos, si no también hacia con nosotros, como asistentes humanitarios”, agregó.

El religioso llamó a las autoridades de México a establecer un acuerdo con los Gobiernos de Centroamérica para implementar políticas sociales y económicas que atiendan a la población migrante y no una política de restringir el tránsito.

“Lo que se requiere es una política de no visas. Urge una política de seguridad humana y no de seguridad nacional, porque mientras tratemos la situación migratoria, como lo trata Estados Unidos, prevalecerá una estrategia indebida de terrorismo hacia los migrantes, cuando México se presume ser un país anfitrión”, indicó el religioso.

En tanto en la Ciudad de México, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, precisó que a partir del día de la emisión de la solicitud de medidas cautelares, el Estado mexicano tiene 15 días hábiles para informar a la CIDH sus acciones garantizar que podrán desempeñar su labor de defensa de derechos humanos.

De igual forma, agregó Brewer, México deberá informar sobre investigaciones acerca de los ataques contra migrantes y defensores de éstos.

“Desafortunadamente, en México encabezamos la lista que más solicitudes de medidas cautelares tiene (la CIDH) y también es el país donde más medidas se han entregado, ocho el año pasado y ahora este año se suma ésta, a favor de las personas migrantes de La 72”, comentó.

Marta Sánchez, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano, advirtió que toda la ruta migrante en México está tomada por el crimen organizado.

 

Acusan denuncias

La hermana Leticia Gutiérrez, directora de Scalabrinianas: Misión para migrantes y refugiados, aseguró que por su defensa de los derechos de los migrantes, Fray Tomás González enfrenta cinco denuncias ante la PGR por tráfico de personas, obstrucción de la autoridad y por difamación.

Aun cuando la nueva Ley de Migración haya de terminado que no es un delito ayudar a los migrantes, señaló que la colusión que tienen las autoridades con el crimen organizado hace que cualquier lo pueda considerar como un delito.

“En el caso de obstrucción de la autoridad fue en consecuencia de que Fray Tomás estaba tomando fotografías de un operativo migratorio que estaba realizando el INM utilizando un bastón eléctrico y, a raíz de ello, el funcionario lo denuncia por obstrucción de la autoridad”, apuntó.