Programa: Detrás de la Noticia
Grupo Radio Fórmula
Martes, 16 de abril de 2013
José Rosario Marroquín, dijo que el programa en lugar de privilegiar la producción con fines de subsistencia para resolver de fondo el problema, privilegia la participación de grandes productores a través de consorcios de fuerte poder político y económico.
Desde que se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre ha sido cuestionada por diversas razones, ya que su enfoque no asume a la alimentación como un derecho que el Estado deba garantizar, sino como una dádiva sujeta más bien a la buena voluntad gubernamental y también a la responsabilidad social que pudieran tener las empresas.
Lo anterior se confirma últimamente con el anuncio de que al Consejo de esta Cruzada se han incorporado trasnacionales como Nestlé, Pepsico y Walmart, opinó el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín.
En el espacio de Ricardo Rocha, comentó que se ha empleado el eufemismo, pobreza alimentaria para indicar que en el país hay actualmente 28 millones de mexicanos con hambre, mexicanos cuyo derecho a la alimentación y, por lo tanto, también otros derechos como la salud son vulnerados, además de que a esta vulneración le antecede la violación de otros derechos, como el acceso a un empleo digno o el despojo de bienes indispensables para la vida.
A esa realidad del hambre de 28 millones de mexicanos, dijo, no ha correspondido un esfuerzo integral, las respuestas dadas profundizan el problema en lugar de solucionarlo, debido a que las empresas que ahora participan en el consejo y el modelo sobre el que se basan han sido precisamente la causa del desmantelamiento del campo mexicano, no sólo de la agricultura, sino también, por ejemplo, debido a situaciones como la contaminación ambiental, actividades como la pesca que son también indispensables para garantizar la alimentación en algunas regiones del país.
Dijo que el programa en lugar de privilegiar la producción con fines de subsistencia para resolver de fondo el problema privilegia la participación de grandes productores, a través, de consorcios de fuerte poder político y económico que son capaces incluso de mantener su presencia en México a pesar de las afectaciones a la salud provocada por sus productos, generalmente conocidos como productos chatarra.
El defensor de los derechos humanos destacó que el derecho a la alimentación exige que las personas se puedan alimentar dignamente y esto no se satisface con programas como esta cruzada, que en lugar de ser universales, solamente son dirigidos a algunos sectores, lo que ya supone un uso o se puede prestar a un uso fuertemente clientelar.
Además de que tampoco el derecho a la alimentación se satisface con el hecho de garantizar una ración mínima de calorías, «supone más bien modificaciones de fondo que no hemos observado en este programa, modificaciones de fondo en la estructura del país para que todas las personas en México podamos contar con los medios para producir u obtener alimento, es decir, supone entre otras disposiciones, algunas que permitan dotar de empleo digno o de tierra, de semilla y de agua, por ejemplo, a las personas».
Sin embargo, acusó hoy estos bienes están afectados por la misma acción de las empresas trasnacionales que han sido convocadas a este consejo.
Por lo tanto, «esta cruzada, evidencia que no estamos ante un programa que implique una perspectiva de derechos humanos, sino más bien ante algo que es concebido como una dádiva otorgada por el gobierno y por las empresas, e implica además que quienes son hoy responsables del hambre de 28 millones de mexicanos pretenden acabar con ella a través de las mismas acciones que la han producido».
En ese sentido, consideró que «estamos ante una situación bastante difícil, porque los consorcios de los que estamos hablando, han tenido una gran actividad para incidir precisamente en la agenda pública, para verse favorecidos también, por ejemplo, cuando se discutía el asunto de la venta de productos chatarra en las escuelas, pues han tenido una actividad bastante fuerte para que eso no afectara sus intereses».
Dijo que el camino es precisamente el de unir los esfuerzos de quienes han hecho observaciones a esta cruzada y sobre todo aquí toca un gran trabajo a quienes han estado realizando, ya desde antes esfuerzos para garantizar la soberanía alimentaria en el país; un esfuerzo que hoy pareciera inútil, pero que tiene que profundizarse.
Opinó que el esquema de combate al hambre mediante la Cruzada se debe al retorno del PRI, que ha implicado una concepción que aleja a los ciudadanos de verse como sujetos de derechos y que más bien pareciera otra vez privilegiar una relación clientelar entre el gobierno y los ciudadanos, es decir, una relación en la que más bien estaríamos viendo a un Estado que parece querer responder a los ciudadanos, pero no reconociendo sus derechos, sino más bien que pareciera estar otorgando dádivas nuevamente».
Un Estado –agregó- que sería muy generoso y que a cambio de su generosidad, exigiría de los ciudadanos cierta disciplina, cierto compromiso de unidad como lo hemos visto también en otros esfuerzos que se han dado, como por ejemplo el Pacto por México o estos llamados constantes a la unidad».
O, por ejemplo, finalizó, lo que se acaba de hacer en llamar a emplear un nuevo lenguaje frente a la delincuencia organizada, es decir, hay esta concepción no de un Estado muy generoso que a cambio de favorecer a los ciudadanos estaría exigiendo de ellos ciertas conductas uniformes.