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Reportera: Henia Prado

Miércoles, 28 de noviembre de 2012

Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si concede el amparo directo -y con ello la libertad- a los indígenas nahuas Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz sentenciados a seis años,10 meses y 20 días de prisión por el delito de robo violento de vehículo.

Los hombres fueron detenidos el 13 de enero de 2010 por dicha acusación, sin embargo, afirman que el motivo real del encarcelamiento deriva de su activismo para dotar gratuitamente de agua a su comunidad de Arla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla Ayer, en conferencia de prensa, abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e integrantes de Amnistía internacional (Atydienunciaron que el caso está sustentado en acusaciones falsas y que el proceso presenta diversas irregularidades, algunas cometidas por el Juez de lo Penal de Huauchinango y de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla Atla es una comunidad indígena carente de agua, los habitantes sólo acceden al líquido emanado de manantiales controlados un grupo de caciquiles quienes a cambio del suministro exigen remuneraciones económicas elevadas o largas jomadas laborales.

En ese contexto, Aniceto Gómez y Agustín Cruz fueron electos presidente auxiliar y juez menor de paz en la localidad, respectivamente, desde estos cargos impulsaron un proyecto para dotar de agua entubada a la comunidad, situación que provocó enfrentamientos con quienes mantenían el control del líquido.

El 22 de octubre de 2009, un integrante del grupo de caciques intentó atrepellarlos, el incidente culminó cuando el conductor huyó del lugar abandonando el vehículo con las llaves puestas y días más tarde interpuso una denuncia por robo de automóvil.
Tres meses después ambos hombres fueron encarcelados y actualmente permanecen dentro del Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla «Nos habla de una situación de fallo muy grave en el sistema de justicia en México, cuando hablamos de que personas inocentes pasan encarcelados, estamos hablando de que México pareciera ser un País donde hay leyes, pero es muy difícil encontrar justicia por el funcionamiento que tiene el sistema de justicia penal», expresó Daniel Zapico, Coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional.

«El caso de José Ramón y Pascual es paradigmático para AI pues demuestra una situación de denegación de derechos humanos, de uso del sistema de justicia para reprimir las legítimas luchas de defensores y defensoras de Derechos Humanos especialmente pertenecientes a pueblos indígenas que deben de enfrentarse en muchas ocasiones a pruebas fabricadas, acusaciones falsas, a persecuciones por un trabajo que no sólo es legítimo, sino que es en defensa de los derechos de todos y todas», apuntó.
En la sesión de mañana el Máximo Tribunal del País podría otorgar o negar el amparo, una opción más sería posponer la fecha de resolución.

ANTECEDENTE Carmelo Castillo, ex comandante de la policía en Pahuatlán y quien acudió al llamado de los indígenas cuando intentaron atrepellarlos, fue detenido en 2011, acusado del supuesto robo de un vehículo.

El pasado viernes 23 de noviembre recuperó su libertad debido a que se consideró que no existían elementos que acreditaran la existencia del delito.

> El 29 de marzo de 2012 Amnistía nombró a los defensores comunitarios del agua presos de conciencia.
Pelea legal y ambiental Amnistía acusó que hay irregularidades en el proceso contra los poblanos que, dice, fueron apresados por su labor en defensa del agua.
> José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz buscaban eliminar el control caciquil del agua en la comunidad de Atla.
> En enero de 2010 son detenidos acusados del supuesto robo de un vehículo.
> De acuerdo con las ONG, un miembro del grupo caciquil afectado por la causa de los indfgenas intentó atrepellarlos y abandona en el lugar su auto, el cual fue recuperado por sus dueños.
> El Centro Prodh y la Universidad Iberoamericana en Puebla, asumieron el caso e interpusieron un amparo ante el Poder Judicial Federal, último recurso jurídico para lograr su liberación.
> Carmelo Castillo, ex comandante de la policía, también preso por robo de auto, recuperó el 23 de noviembre su libertad.