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Reportera: Diana Jiménez
Martes, 27 de noviembre de 2012
* José Ramón Aniceto y Pascual Agustín fueron encarcelados por oponerse a un cacique que controla el suministro de agua en Pahuatlán
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría liberar este miércoles a dos campesinos poblanos, declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, acusados por delito de robo de vehículo, según lo señalaron abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (PRODH).
En 2010, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, presidente auxiliar y juez de paz de la comunidad de Atla, respectivamente, en el municipio de Pahuatlán, trabajaban en un proyecto para suministrar agua potable a los habitantes de esa población, debido a que un grupo caciquil, encabezado por Guillermo Hernández, controlaba la repartición del vital líquido y cobraba entre 3 mil 500 y 5 mil pesos por una toma.
En 2010 José Ramón y Pascual fueron víctimas de un intento de homicidio- cuando un vehículo los pretendió atropellar- por parte del grupo referido por oponerse al cacique. No obstante el incidente, los activistas concedieron el perdón a sus agresores, de lo cual fue testigo el comandante de la policía de Pahuatlán, Carmelo Castillo.
Sin embargo días después, los campesinos fueron detenidos tras ser acusados por el agresor quien los denunció por el delito de robo del automóvil que los quiso atropellar, aún cuando la unidad estaba asegurada por parte de la policía municipal de Pahuatlán. El supuesto agraviado también involucró al comandante Carmelo, quien fue detenido meses después.
El pasado viernes 23 de noviembre el ex comandante de la policía de Pahuatlán fue liberado por el juez del distrito judicial de Huauchinango, luego de que el procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, presentó pruebas no acusatorias a favor de Carmelo Castillo.
En las pruebas que presentó el procurador de Justicia a favor de comandante se demostró que el auto, supuestamente robado, estuvo asegurado por la policía municipal de Pahuatlán del 26 al 28 de octubre de 2009.
Sin embargo los dos activistas permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango, pese a los constantes señalamientos y peticiones al gobierno de Puebla por parte de la organización Amnistía Internacional, para que sean liberados al ser víctimas de un proceso legal fraudulento.
Su caso fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este miércoles finalmente lo analizará en sesión.
En ese contexto, las organizaciones Centro Prodh, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ y Amnistía Internacional, confiaron en que este miércoles la SCJN haga justicia en el caso de los indígenas, toda vez que estos tres organismos han documentado ampliamente la inocencia de los mismos.
Presenta Gobierno de Puebla opinión jurídica a favor de presos
Víctor Carrancá Bourget presentó una opinión jurídica ante los magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tienen a su cargo la revisión y resolución del juicio de amparo promovido por los indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes fueron procesados durante la administración pasada por robo de vehículo en Pahuatlán, según informó la administración estatal este martes por la noche.
Bajo la figura “Amicus Curiae” (amigo de la corte o amigo del tribunal), el procurador expuso ante el máximo tribunal del país la opinión jurídica voluntaria que está sustentada en las conclusiones no acusatorias que el pasado viernes fueron presentadas ante el Juez de Primera Instancia del distrito de Huauchinango, las cuales contribuyeron a la liberación del comandante Carmelo Castillo Martínez quien fue detenido dentro del mismo caso.
“En dichas conclusiones se demostró que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público derivaron de señalamientos viciados realizados por un grupo de personas de la comunidad de Atla, por un conflicto en el suministro de agua”.
Cabe recordar que las imprecisiones que se advierten del análisis son principalmente porque a Castillo Martínez, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, se les imputa haber robado con violencia un automóvil el 27 de octubre de 2009, sin embargo la PGJ acreditó que en realidad la unidad estuvo asegurada por la Policía Municipal de Pahuatlán del 26 al 28 de octubre de ese año y por tanto resulta ilógico que el 27 de octubre los antes mencionados hayan cometido el ilícito.
“Por lo anterior, esperando también contribuir a la liberación de Pascual Agustín Cruz y José Ramón Aniceto Gómez, sentenciados el 23 de noviembre del 2010, durante la pasada administración estatal, y declarados presos de conciencia, el Procurador de Puebla puso a consideración de los Magistrados de la Primera Sala de la SCJN sus argumentaciones para que sean tomadas en consideración durante el estudio y la resolución del Juicio de Garantías 36/2012 promovido por la defensa de ambos”.
El modelo “Amicus Curiae” se presenta regularmente en juicios en los que está de por medio alguna libertad o derecho fundamental, a través de una opinión jurídica que ofrecen terceros ante un tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.