Periódico: El Universal
Reportera: Silvia Otero
Jueves, 01 de noviembre de 2012
Los expertos del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) cuestionaron al Estado mexicano por la falta casi absoluta de sentencias firmes contratos servidores públicos que incurren en esta práctica, y expresaron su profunda preocupación por la recurrencia de este delito, en particular en el contexto del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y el «fenómeno de impunidad agravada» en el que permanecen estos actos.
Ayer, en Ginebra, Suiza, se realizó la primera jomada de la evaluación a la que es sometida el Estado mexicano por parte del CAT, para establecer su grado de cumplimiento de la Convención contra la Tortura, en la que participaron más de 30 funcionarios públicos del gobierno federal y de diversos estados.
A partir de la información que hicieron llegar más de un centenar de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), y tras escuchar a la delegación de funcionarios, los expertos del Comité les formularon preguntas y observaciones acerca de algunas de las problemáticas más preocupantes en materia de tortura en México.
De acuerdo con un comunicado emitido por las ONG encabezadas por el Centro Prodh, durante estaprimera jomada los expertos señalaron que «sigue vigente en todo el territorio mexicano el uso de la tortura para arrancar confesiones a personas detenidas, mismas que son utilizadas en contra de las víctimas durante los procesos penales».
Aseguraron que la reforma penal que pretende cambiar esta práctica mediante la transición a un sistema oral y acusatorio «no está siendo eficaz, ya que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público siguen utilizando las declaraciones coaccionadas como prueba de cargo en los procesos penales», y recordaron el caso específico de Israel Arzate, quien fue torturado para autoinculparse falsamente de la masacre de Villas de Salvárcar, perpetrada en Chihuahua en enero de 2010.
Las ONG destacaron que el Comité consideró «muy importante» que este caso está actualmente en la Suprema Corte de Justicia, «por el precedente que puede sentar en el sentido de prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante la tortura en el nuevo sistema penal».
Denuncian violencia en confesiones Durante la audiencia, los expertos de la ONU consideraron es inadmisible que la PGR sea la que «monopolice» la aplicación del Protocolo de Estambul —para detectar casos de tortura, tratos crueles e inhumanos—, pues los peritos que lo aplican dependen de la dependencia federal.
Se informó que los integrantes del Comité «también cuestionaron al Estado sobre lafalta casi absolutade sentendas firmes por tortura frente al numero elevado de quejas por este delito registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Otros de los temas que plantearon las organizaciones civiles ante el CAT, que se abordaron ayer, fue la preocupación por la aplicación de la figura del arraigo, ya que presuntamente «permite la práctica de la tortura en una situación de ausencia de garantías judiciales».
La Subprocuradora Jurídica y de Derechos Humanos de la PGR, Ruth Villanueva, defendió ante el Comité su aplicación y la denominó como una medida constitucional, excepcional y temporal; además, justificó que en algunos casos las detenciones no se realicen en el Centro Nacional de Arraigos, según el comunicado.
Sin embargo, los especialistas indicaron que recibieron información de que «el uso de confesiones obtenidas bajo arraigo pueden ser obtenidas mediante tratos inhumanos o tortura».