Periódico: El Universal
Silvia Otero
Jueves 28 de junio de 2012
Diversas organizaciones civiles, locales e internacionales solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver a la brevedad el caso del indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, sentenciado a 37 años de cárcel, ante las irregularidades existentes en su proceso, que incluyen actos de tortura, además de que la defensa desde hace cinco años ha insistido en su inocencia.
En octubre de 2011 el caso fue admitido para ser revisado por los ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país, por lo que, a ocho meses de que el expediente llegó; a la SCJN, los grupos defensores de derechos humanos piden que se emita un fallo antes del receso judicial que iniciará; la segunda quincena de julio.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), el Comité de Derechos Humanos de la Barra de Inglaterra y Gales (BHRC), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy (Centro RFK) emitieron un comunicado con la petición
Destacaron que “si el caso no se resuelve antes del receso de julio, es probable que Hugo cumpla la primera de las sanciones privativas de libertad que le fueron injustamente impuestas, puesto que dicha pena de cinco años se cumplirá; en agosto de este año.
Las organizaciones indicaron que “la gran relevancia del caso de Hugo, además de la exigencia de libertad de una persona inocente, radica en la oportunidad que tiene la Suprema Corte de declarar inconstitucionales varias prácticas recurrentes en México que propician la detención arbitraria y el abuso de personas inocentes, aunque aún no existe fecha para su discusión y resolución.
Sánchez Ramírez fue detenido en julio de 2007 por “actitud sospechosa, a pesar de que fue obligado a incriminarse y las víctimas cambiaron sus testimonios iniciales. Fue sentenciado por secuestro y portación de armas de fuego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y estableció; de manera expresa varios puntos a resolver sobre este caso.