Periódico: Excelsior
Por: Juan Pablo Reyes
Jueves 28 de junio de 2012
Diversos organismos internacionales exigieron a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver antes del receso de verano del Tribunal Constitucional, temas relativos al criterio “arbitrario” de actitud sospechosa y al principio judicial de inmediatez proesal.
Aseguraron que al resolver estos temas el próximo tribunal del país establecerá criterios con el objetivo de prevenir futuras detenciones sobre sectores vulnerables de la sociedad y condenas infundadas contra personas inocentes.
“Será analizado por la Suprema Corte el principio judicial de inmediatez procesal, dicho criterio, ampliamente condenado por órganos internacionales, permite la admisión de declaraciones coaccionadas de víctimas así como confesiones arrancadas bajo tortura, ya que otorga mayor valor probatorio a una declaración coaccionada con anterioridad al juicio, a las posteriores realizadas directamente ante los jueces, incluso si ante estos se alega su obtención bajo coacción” señalaron.
Con esto agrupaciones internacionales urgieron a la Corte a dar respuesta, antes del fin de la primera quincena de julio, al caso del joven indígena Hugo Sánchez Ramírez, quien fue condenado a 37 años de prisión por el delito de secuestro y cinco años de cárcel por supuesta portación de armas, siendo demostrada su inocencia en ambos delitos.
“La atracción del caso de Hugo por la SCJN abrió el camino no solamente a la liberación de la víctima, si no también a la posibilidad de fortalecer el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y la eficacia del sistema penal mexicano” aseguraron organizaciones como la Fundación para el debido Proceso Legal, el Comité de Derechos Humanos de la Barra de Inglaterra y Gales, y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
La Suprema Corte atrajo al caso hace ocho meses y estableció de manera expresa como puntos a resolver, entre otros: la interpretación de los derechos humanos en el ámbito penal a raíz de la reforma al artículo 1º| constitucional, los márgenes constitucionales de la detención. Criterios sobre si las pruebas derivadas de una prueba ilícita deben nulificarse, el valor probatorio de las declaraciones cuando éstas son contradictorias a lo declarado en un primer momento (inmediatez procesal) y el valor de los reconocimientos de personas que no fueron realizados ante el juez.
Se destacó que el caso de Hugo Sánchez es una oportunidad para la efectiva implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como la resolución de la misma Corte al reconocer que toda autoridad judicial del país tiene el deber de resolver casos conforme a tratados internacionales.