Por: Daniel Blancas Madrigal
Especialistas en derecho coincidieron en que el encarcelamiento de inocentes en nuestro país refleja deficiencias estructurales en la impartición de justicia, falta de profesionalización de policías investigadores y jueces, así como sesgos discriminatorios.
Concordaron también en la urgencia de establecer instrumentos para reparar el daño a estas personas y para sancionar a «servidores públicos» que participen en los atropellos.
En días pasados Crónica ha relatado casos como el de los indígenas Hugo Sánchez (del Estado de México), José Ramón Aniceto y Pascual Agustín (ambos de Puebla), condenados a prisión por delitos que no cometieron y pese al desplome de pruebas y desistimiento de quienes lo acusaban.
«Nuestro sistema de justicia se ha convertido en fábrica de culpables», consideró el abogado Leopoldo Maldonado, coordinador de defensa integral del Centro Pro-Juárez.
«Las policías investigadores hacen su trabajo de manera superflua y exprés, sin profesionalización; y los juzgados y tribunales dictan sentencias sin llegar al fondo del asunto, ante los miles de expedientes que reciben al año», opinó Gerardo Palomar Méndez, Director de Programas de Derecho en el Tecnológico de Monterrey.
Crónica también publicó esta semana el caso del joven Alfredo Chávez, un cargador de la Central de Abastos de Tultitlán, Estado de México, encarcelado más de dos años por la acusación falsa de robo de vehículo; mientras estuvo recluido, su pequeño de ocho años murió. Apenas el 1 de febrero fue liberado por falta de pruebas.
«En México se violan de manera constante el debido proceso y el principio de presunción de inocencia; los jueces siguen rezagados en el modelo inquisitivo, no están en las audiencias y jamás tienen contacto con los acusados», dice Maldonado, vinculado a otros casos como el del indígena Hugo Sánchez, ya analizado en la Corte.
Y habla de discriminación, «pues quienes padecen más están en condición de pobreza o vulnerabilidad de género o etnia, se ha documentado que en las cárceles del DF y Estado de México el 45 por ciento de los internos están por robos menores a 2 mil pesos… Además, son estigmatizados, lo que genera un daño a su honra e intimidad que debe repararse».
Otro de los factores, dice Palomar Méndez, es la incapacidad de abogados de oficio: «Hay estadísticas que señalan que pierden el 99 por ciento de los casos que llevan, y como regularmente los acusados son gente sin dinero para contratar defensores privados, se quedan refundidos».
Asegura que «los inocentes encarcelados pierden su trabajo, su familia, su futuro y hasta sus hijos, como Alfredo, y no hay en este país un medio para que el Estado restituya el daño, ya es hora de que se compense a las víctimas y se castigue la mala administración de justicia, el Congreso debe tomar cartas en el asunto».