Periódico: El Universal
Por: Silvia Otero
Viernes, 30 de marzo de 2012
Amnistía Internacional demandó la libertad inmediata de los activistas indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, a quienes declaró «presos de conciencia».
El organismo aseguró que existen evidencias para presumir que el delito de robo de vehículo, por el que fueron sentenciados a más de seis años de cárcel en un juicio irregular, fue fabricado, en represalia por la defensa que emprendieron para que la comunidad nahuátl de Atla, en el municipio de Pahuatlán, tuviera acceso al agua.
«José Ramón y Pascual han sido víctimas de un sistema de justicia que con frecuencia es utilizado para castigar a quienes trabajan en la defensa de quienes sufren abusos a los derechos humanos», manifestó en conferencia de prensa Rupert Knox, investigador sobre México de AI.
Los activistas fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados en primera y segunda instancia por los tribunales de Puebla por robo de vehículo.
«Desde el principio hubo informes fidedignos en el sentido de que el auto nunca fue robado y en realidad fue abandonado por el hijo del denunciante -un cacique de la comunidad- y resguardado en la Comandancia Policial en Pahuatlán antes de ser devuelto a sus dueños.
Estos hechos nunca fueron investigados por el Ministerio Público», detalló AI.
Denunció que el proceso judicial en su contra estuvo plagado de irregularidades, entre las que destacan que lasdeclaraciones escritas que forman parte del expediente fueron realizadas en español y a los detenidos en ningún momento se les proporcionó un intérprete.
«Lo que afectó gravemente la capacidad de defensa de los dos activistas nahuas», subrayó. Tampoco se respetó su derecho a una defensa adecuada.
«El Ministerio Público los procesó con base en una declaración de la supuesta víctima del robo y dos supuestos testigos, sin tomar ninguna medida para aclarar las evidentes contradicciones entre estas declaraciones».
Además, cuando el caso llegó a la primera y segunda instancia, el Poder Judicial estatal aceptó, sin cuestionar, las pruebas irregulares presentadas por el Ministerio Público e ignoró las de la defensa.
Ante ello, AI demandó a las autoridades mexicanas liberar de forma inmediata e incondicional a los defensores indígenas.
«Que han estado injustamente detenidos desde hace dos años en Puebla y, por ello, son presos de conciencia». Knox aseguró que, lamentablemente, este no es un caso aislado.
«En los últimos años hemos documentado cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial se prestan a la fabricación de delitos contra quienes defienden los derechos humanos de comunidades indígenas marginalizadas, sin garantizar el debido proceso, resultando en juicios injustos, sentencias infundadas y personas encarceladas como castigo por sus actividades legitimas».
En el caso de José Ramón y Pascual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está considerando un recurso presentado por parte de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para atraer el caso y resolver el amparo solicitado al Poder Judicial federal.