Periódico: Reforma
Reportera:Daniela Rea
Jueves, 01 de marzo de 2012
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno de México la liberación de Israel Arzate, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, con el argumento de que fue torturado para declararse culpable.
En la opinión 67/2011 emitida ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 19 periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo señaló que con base en pruebas presentadas por la defensa -el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-, el joven fue detenido de manera arbitraria y torturado, además de que su derecho al debido proceso fue violentado.
El Grupo solicitó al Gobierno de México su postura previo a emitir su opinión, pero no obtuvo respuesta.
«Considerando que las violaciones a las normas internacionales sobre el derecho al debido proceso y a un juicio justo son de gravedad tal que otorga a la privación de libertad un carácter arbitrario», pide al Estado mexicano «que disponga la libertad inmediata del señor Israel Arzate Meléndez», señala el documento que se entregó al Gobierno en septiembre de 2011.
Arzate fue detenido, sin orden de aprehensión, el 3 de febrero de 2010 por miembros del Ejército cuando salía de su trabajo como vendedor ambulante en Ciudad Juárez.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 49/2011, fue llevado a instalaciones militares, donde fue sometido a golpes, simulación de asfixia y toques eléctricos.
Los elementos militares informaron que fue detenido en flagrancia y fue presentado a los medios de comunicación como uno de los asesinos.
El mes de febrero de 2010 la jueza de garantía Anabel Chumacero dictó auto de vinculación a proceso.
Arzate, imputado por homicidio calificado y tentativa de homicidio, lleva dos años detenido, primero en arraigo luego en prisión preventiva.
El Grupo de Trabajo también reprueba que ante la ausencia de pruebas reales en contra del imputado la Fiscalía de Chihuahua haya recurrido a esas prácticas de retención.
«Además de las irregularidades en el proceso, Arzate no ha gozado de un juicio justo. Ni la jueza de garantía, ni el tribunal superior, actuaron con la independencia e imparcialidad exigida a sus cargos al determinar la privación de libertad y la permanencia de detención», consideró.
Actualmente Arzate espera la resolución de dos amparos.
El Centro Pro presentó ayer la Opinión del Grupo de Trabajo en conferencia de prensa.
La abogada Jaqueline Sáenz informó del pronunciamiento de la ONU y señaló que si bien no se trata de un documento que obligue jurídicamente al Gobierno de México, sí refleja que no se han cumplido compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
En el documento también se pide al Gobierno investigar las denuncias de tortura, reparar el daño, derogar el arraigo y suprimir la facultad dada a las Fuerzas Armadas para participar en la investigación y persecución de delitos.