Ponemos a disposición del público el Informe sombra “Discriminados y encarcelados: Detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México”, así como el comunicado emitido por diversas organizaciones de DH que tuvimos presencia en Ginebra a raíz de la presentación del informe sobre México en el marco de la 80ª sesión del Comité CERD, así como la presentación del Informe que el Centro Prodh presentó en este Comité.
El Informe sombra “Discriminados y encarcelados: Detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México” fue presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (Comité CERD), con el objetivo de que le sea instrumento de apoyo a sus consideraciones respecto al examen de los informes periódicos 16º y 17º del Estado mexicano, que serán presentados en Ginebra, Suiza, los días 14 y 15 de febrero de este año.
Haciendo clic en este link pueden descargar la versión en PDF del Informe
Con motivo de dicha reunión diversas organizaciones de DH que tuvimos presencia en Ginebra a raíz de la presentación del informe sobre México en el marco de la 80ª sesión del Comité CERD,emitimos el siguiente comunicado de prensa:
Ginebra, a 15 de febrero de 2012
Comité de Naciones Unidas exhorta al Estado mexicano a combatir discriminación a personas indígenas y otros grupos vulnerables
- Expresa preocupación por los megaproyectos realizados en territorios indígenas y destaca la obligación de consultar adecuadamente a los pueblos
- Espera que la SCJN resuelva el caso del joven indígena Hugo Sánchez Ramírez de acuerdo a los derechos humanos y una adecuada valoración de pruebas
- Insta al Estado a combatir las múltiples discriminaciones sufridas por mujeres; abusos y xenofobia en contra de personas migrantes
Hoy se finalizó en Ginebra, Suiza, la 80ª sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD), órgano compuesto por 18 expertos independientes de todas partes del mundo quienes se ocupan de revisar el cumplimiento por parte de los Estados con las obligaciones reconocidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
A lo largo de dos jornadas de trabajo el Comité revisó el informe periódico presentado por el Estado mexicano, representado por una delegación de 16 funcionarios encabezada por el Embajador Alejandro Negrín Muñoz, Director General de Derechos Humanos de la SRE y el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) el Lic. Ricardo Bucio Mújica, entre otros. Tras analizar la información presentada por el Estado así como por organizaciones de la sociedad civil, las y los expertos del Comité formularon un gran número de preguntas y expresaron la urgencia de atender diversas problemáticas detectadas.
Entre los saldos positivos de la sustentación del Estado mexicano ante el Comité CERD destaca el reconocimiento expresado por el Presidente del CONAPRED sobre el carácter estructural que la discriminación posee en México. En consecuencia, como sociedad civil estaremos atentas y atentos a que las acciones del Estado para revertirla sean también de carácter estructural y contemplen la distribución de recursos y poder y no solamente medidas de carácter cultural.
Justicia para personas indígenas: el caso de Hugo Sánchez Ramírez
En materia de justicia, resultó de particular interés para el Comité el caso paradigmático de Hugo Sánchez Ramírez, joven mazahua recluido en el Estado de México cuyo caso está por resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los expertos Pastor Elias Murillo Martínez (relator del Comité para la evaluación al Estado mexicano), José Francisco Cali Tzay, Régis de Gouttes y Patrick Thornberry llamaron la atención sobre el caso en distintos momentos, expresando su preocupación por evidentes falencias en el proceso y porque Hugo Sánchez fue condenado por el delito de secuestro aun cuando las víctimas del mismo se retractaron durante el juicio de su supuesto reconocimiento de Hugo como victimario. Asimismo cuestionaron la aparente falta de criterios claros de la policía para registrar o detener personas. Los expertos Carlos Vásquez y Anwar Kemal recordaron la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables.
El Embajador Alejandro Negrín explicó al Comité que “este caso está siendo atendido al más alto nivel de justicia en México”. Los representantes del Estado reconocieron que Hugo Sánchez inicialmente fue detenido en julio de 2007 bajo una premisa de “actitud sospechosa”, pero destacan que ahora la Suprema Corte resolverá el caso y podrá emitir criterios “útiles para prevenir detenciones arbitrarias o la instrumentación de procesos irregulares” en el futuro, así como “criterios muy importantes” en materia de valoración de pruebas, incluyendo en su caso reglas sobre la exclusión de la prueba ilícita. De acuerdo al Lic. Jorge Cruz Becerra, Director de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos de la PGR, se espera que en la eventual resolución de la SCJN, “serán emitidas directrices que deben ser observadas” por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Por su parte, la asesora de la Presidencia de la SCJN María de los Ángeles Arcos García recordó que el caso de Hugo –planteado en dos amparos directos- fue atraído por la Primera Sala por su interés y transcendencia para la sociedad.
Al fijar las conclusiones preliminares del Comité al final de la sesión de hoy, el experto Pastor Elias Murillo Martínez destacó la necesidad de evitar “falsos positivos” en el combate a la inseguridad, refiriendo al riesgo de que, en el afán de producir resultados ante la legítima demanda social por mayor seguridad pública, se victimice a personas inocentes. Expresó que la atracción del caso de Hugo Sánchez por la SCJN es una acción positiva y confió en que el caso se resolverá en el sentido correcto con base en una debida valoración de los elementos de prueba ante el Máximo Tribunal.
En su respuesta, la delegación del Estado aseguró el Comité que en el caso de las tierras sagradas de Wirikuta, “están completamente blindados los derechos espirituales” del pueblo wixárika y que no permitiría que se llevara a cabo un proyecto en su territorio sin una adecuada consulta y cumplir la ley ambiental, entre otros.
El Comité también abordó el tema de los ataques suscitados en contra de defensores comunitarios que se oponen a los megaproyectos, tal y como sucedió el mes pasado en San José del Progreso, Oaxaca donde el activista Bernardo Méndez, opositor al proyecto minero de la empresa Cuzcutlán, se murió de un impacto de bala recibido mientras realizaba acciones de protesta.
Por otro lado, el relator del Comité para México observó que en el tema de la criminalización de activistas, “parece ser que las personas indígenas se encuentran entre las personas más vulnerables”. Entre otros ejemplos hizo mención del encarcelamiento de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz en el Estado de Puebla. En general los expertos formularon numerosas preguntas y expresaron su preocupación por la marginación de los pueblos indígenas en términos económicos y la discriminación social que existe en su contra.
En referencia al carácter múltiple de la discriminación, la delegación mexicana a través del Lic. Bucio mencionó la necesidad de transversalizar la atención al tema en las políticas públicas y en particular la obligación de atender la situación que viven las dos millones de trabajadoras domésticas; de las cuales más del 90% son mujeres y en su mayoría de origen indígena que no cuentan con acceso a la seguridad social y otros derechos humanos laborales.
Por otro lado los integrantes del Comité CERD pidieron información sobre la población afrodescendiente en México y sobre la discriminación social que puede enfrentar esta población en la vida cotidiana. Los miembros del Comité CERD externaron también su preocupación por la grave situación de inseguridad que viven las personas migrantes en el país, incluyendo los secuestros cometidos a esta población, así como por la evidente xenofobia presente en casos como el de la casa de migrante en Lechería, Estado de México (misma que próximamente será reubicada). También formularon preguntas acerca de la situación que viven las minorías religiosas en el país.
Las observaciones finales del Comité serán adoptadas en las siguientes semanas.