«La práctica de detener arbitrariamente y encarcelar a indígenas inocentes aprovechando la discriminación estructural para hacer de esas víctimas chivos expiatorios, o bien utilizando la ley como herramienta directa de represión social cuando las comunidades indígenas pretenden defender sus propios derechos», dijo la coordinadora del área internacional del centro de defensa de derechos humanos, Stephanie ErinBrewer. El documento reúne cinco casos paradigmáticos que exhiben las irregularidades en la procuración e impartición de justicia.Las indígenas Alberta y Teresa, así como Jacintay la mujer de origen maya Basilia Ucan, todas ellas liberadas tras ser sentenciadas con delitos fabricados.
Otro caso es el de José Ramón y Pascual, activistas nahuas de AÜa, Puebla, condenados a seis años diez meses de prisión por defender el derecho al agua en su comunidad. Ambos fueron detenidos por el robo de un vehículo, que nunca se llevó a cabo. Ellos, incluso, no saben manejar.