Revista: Proceso
Reportera: Gloria Leticia Díaz
Martes, 24 de enero de 2012
MEXICO, D.F. (apro).- Detenciones arbitrarias, irregularidades en procesos penales y fabricación de delitos y discriminación racial son algunos de los principales abusos que sufren los grupos indígenas del país, según un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh).
El reporte, Detenciones y condenas arbitrarias a personas a indígenas inocentes en México, que analizará el Comité de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en Ginebra, Suiza, el 14 y 15 de febrero próximo, da cuenta de que, en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico” puesta en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, no sólo ha incrementado de forma alarmante el número de muertos y de violaciones a derechos humanos, sino también las detenciones arbitrarias e injustas entre grupos vulnerables, como los indígenas.
En el documento se asienta que las detenciones arbitrarias responden a que, “ante la fuerte demanda de seguridad, los funcionarios encargados de garantizarla buscan detener y procesar a un alto número de personas. La presión generara un contexto propicio para la actuación ilegal o arbitraria de las autoridades, en particular la llamada ‘fabricación de culpables’, mediante la detención arbitraria y la producción de pruebas falsas en contra de personas para lograr una condena penal y así aparentar combatir a la delincuencia”.
Según datos de 2010, “la población indígena en las cárceles es de 10%, un porcentaje muy similar al poblacional, y la mayoría de los procesos penales contra los indígenas se distinguen por sus irregularidades”, explicó en rueda de prensa José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh.
Entre las anomalías más sobresalientes, se encuentran las siguientes: ausencia de intérpretes traductores en las partes del proceso, obstaculizar los medios de defensa, ignorar la autodescripción de los detenidos como indígenas para dar atención especializada, o incluso “llegar a límites absurdos como confinar a indígenas en hospitales psiquiátricos ante su incapacidad de comunicarse en español”, acusó Marroquín.
El documento elaborado por la organización no gubernamental incluye cinco casos paradigmáticos, entre ellos los de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, así como el de Basilia Ucán Nah, mujeres indígenas que fueron liberadas luego de intensas campañas de organizaciones sociales, pero “a quienes no se les ha reconocido su inocencia ni se les ha indemnizado por el tiempo que estuvieron en la cárcel”; las tres primeras por el presunto secuestro de policías federales armados, y la última por lenocinio.
También se incluye el caso de Hugo Sánchez Ramírez, indígena mazahua del Estado de México, condenado por secuestro a 37 años de prisión, a pesar de que las víctimas –quienes supuestamente lo identificaron– desconocieron la acusación contra él en el proceso.
Además se considera el proceso contra los defensores del agua José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, indígenas nahuas de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla, detenidos y sentenciados a siete años de cárcel por un supuesto robo de vehículo, ilícito “que nunca existió”.
El verdadero motivo de su detención, se advierte en el documento, “fue reprimirlos por su defensa legítima y exitosa del derecho humano de su comunidad al agua potable”.
Acompañado de familiares de Sánchez Ramírez, Aniceto Gómez y Agustín Cruz, el directivo del Centro Prodh apuntó que el objetivo del informe es que el comité especializado de la ONU, conformado por 18 expertos en derechos humanos, “de recomendaciones al Estado mexicano para que se elimine de una vez por todas el trato discriminatorio de los indígenas, que en este contexto de guerra contra el narcotráfico se han convertido en chivos expiatorios”.