7 de Noviembre de 2011

  • José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, autoridades nahuas de Atla, fueron criminalizados y sentenciados por defender el derecho al agua para toda su comunidad.
  • El Centro Prodh espera que el Ministro XXXX determine la inocencia y la inmediata liberación de José Ramón y Pascual.

 

José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, autoridades nahuas originarias de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla, fueron detenidos injustamente y condenados a seis años de prisión por un robo fabricado debido a su labor de defensa del acceso al agua para toda su comunidad y en contra de los intereses de un grupo caciquil.

El Centro Prodh asumió el caso luego de considerarlo emblemático porque representa a todas aquellas personas que son criminalizadas por su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos; por lo tanto, el pasado 8 de noviembre presentó ante los medios de comunicación el caso de estos dos defensores comunitarios del agua. 

En conferencia de prensa, el Centro Prodh dio a conocer que el 27 de octubre de 2011 se interpuso una demanda de amparo directo ante la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla por la ilegal confirmación de la sentencia dictada. La demanda se admitió sin contratiempo alguno el día 10 de noviembre y fue turnada a la ponencia XXXXX el día XXXX. Por lo tanto, se espera que, según los tiempos jurídicos, sea resuelta para XXXXX y José Ramón y Pascual tengan la notificación de su libertad el XXXXX.

Ante la atracción del caso, el Centro Prodh señala que el ministro XXXX tiene la oportunidad de determinar la inocencia de José Ramón y Pascual, al comprobar las irregularidades y faltas al debido proceso en las que incurrieron tanto las autoridades investigadoras como las judiciales.

En este sentido, el fallo del Poder Judicial de la Federación contribuirá al acceso a la justicia para las autoridades nahuas, pero también, sentará precedentes de procuración y garantía de los derechos humanos; sobre todo, con aquellos grupos que en México continúan siendo vulnerables, como los indígenas, los defensores de derechos humanos y aquellos que se encuentran en situación de precariedad económica.