Periódico: La Crónica de Hoy
Reportero: Daniel Blancas Madrigal
Jueves, 10 de noviembre de 2011.
En un caso similar al de Presunto Culpable, la Suprema Corte de Justicia ordenó ayer la inmediata libertad de Víctor Chávez de la Torre, un joven del Estado de México que había sido sentenciado a 51 años y nueve meses de cárcel por un homicidio que no cometió.
Estuvo en prisión más de cuatro años… “Con los medios de prueba considerados por la autoridad judicial no se acreditó su responsabilidad penal”, concluyeron los ministros de la Primera Sala. Esta fue una resolución previa al caso del indígena mazahua Hugo Sánchez Ramírez, también del Edomex —condenado a 42 años de prisión por secuestro y portación de arma militar, pese a que quienes lo acusaban se desistieron y las pruebas en su contra se desplomaron—, que la Corte tiene pendiente de analizar.
En el expediente de Víctor, la única prueba en su contra era la declaración de un solo testigo, que lo identificó siete meses después de ocurridos los hechos —23 de octubre de 2007—, durante una fiesta en el mercado de San Bartolo, en el municipio mexiquense de Tultitlán. Sin embargo, ese testigo desapareció y hasta ahora se desconoce su paradero. El muchacho también había sido acusado de cohecho, pues los policías que lo detuvieron aseguraron que les había ofrecido 50 mil pesos si lo dejaban en libertad. Sin embargo, él afirmó después que los uniformados lo obligaron a firmar la confesión con amenazas y golpes. “Los agentes se basaron en testimonios de oídas respecto de la acusación que en contra del quejoso formuló un desconocido.
No puede afirmarse que exista prueba en sentido procesal si el dicho de los testigos tiene como fuente de información un tercero, cuya comparecencia nunca se logró”, consideró la SCJN. Ni el Ministerio Público ni los jueces tomaron en cuenta a los tres testigos de descargo. La historia se derivó del asesinato de un hombre el 31 de marzo de ese 2007, con un arma punzocortante. “El proceso que se le siguió (a Víctor) fue violatorio de diversos artículos constitucionales en lo concerniente al derecho humano de debido proceso, garantizado por los principios de presunción de inocencia, no autoincriminación, defensa adecuada, contradictorio y de las reglas de valoración de pruebas”, señaló la Primera Sala.