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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC JN) atrajo el caso de Hugo Sánchez Ramírez, indígena acusado de portación de armas y secuestro. Los ministros de la Primera Sala acordaron ayer estudiar la situación del joven mazahua de 23 años, a quien denunciaron como propietario de armas prohibidas. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció irregularidades desde su detención, en 2007; además, asumió la defensa de Sánchez Ramírez.
Al ser considerado culpable de ambos delitos, el joven promovió sendos amparos a la SCJN, que ejerció su facultad de atracción por considerarlo un caso de «importancia y trascendencia». La petición fue contestada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El joven argumentó que, luego de su detención, no fue identificado como el responsable de los delitos.
Sin embargo, tiempo después, agentes de la Policía Ministerial mostraron a los plagiados una serie de fotografías en las que el acusado tiene carteles con los nombres de las víctimas, quienes al ver los retratos ampliaron su declaración.
Para la SCJN representa una posibilidad de pronunciarse sobre acusaciones con pruebas específicas.
«Se estará en posibilidad de determinar los requisitos necesarios en las identificaciones a través de fotografías, con lafinalidad de evitar identificaciones erróneas», explicó la Suprema Corte.
Además, el tribunal podrá determinar qué valor tienen las ampliaciones en los testimonios de los afectados cuando las versiones se contradicen.
Incluso, los ministros se pronunciarán si son válidos los reconocimientos de culpables cuando no se realizan ante un juez de tipo penal.
La Suprema Corte vinculó este caso con una postura que demuestra la aplicación de la reforma al artículo primero de la Constitución en materia de derechos humanos. En este caso, los derechos presuntamente violados son la garantía al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Hoy, el Centro Miguel Agustín Pro dará más detalles del caso en una conferencia de prensa. Discusión Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirán los derechos presuntamente violados del joven mazahua, que son la garantía al debido proceso y a la presunción de inocencia.