La tarde de ayer se realizó en la Casa Lamm un foro sobre el derecho a la vivienda, a partir del caso de los vecinos de Lomas de San Francisco Tepojaco  o Lomas de Cuautitlán en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Desde hace más de dos años, el Centro Prodh ha acompañado la lucha por los derechos sociales de un grupo de vecinos encabezados por el señor Jorge Arzave, por lo que conocemos de primera mano el caso y hemos podido corroborar la violación del derecho de acceso a una vivienda digna y decorosa, así como de otros derechos. En el foro participaron varios ponentes de organismos expertos en el tema que desde diversas perspectivas coincidieron en ello.

Silvia Emanueli, de Hic-al Latinoamérica, tuvo el doble papel de ponente y moderadora. Durante su turno contextualizó el tema desde la perspectiva del reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en el PIDESC y otros instrumentos internacionales. Abundó sobre las observaciones generales del Comité DESC (órgano encargado de supervisar el cumplimiento del PIDESC e interpretar sus disposiciones) sobre las características que debe reunir una vivienda adecuada. Detalló los alcances conceptuales de criterios establecidos en la Observación General 4 como seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad (en particular para los grupos desaventajados), adecuaciones culturales, habitabilidad, gastos soportables y lugar adecuado. Finalmente, abundó que la política de vivienda en México es deficiente en virtud de que se considera una mercancía y no un derecho fundamental, por lo cual su asequibilidad se determina por la lógica de mercado.

Posteriormente toco el turno al señor Jorge Arzave, quien describió de forma puntual y concisa la problemática prevaleciente en Lomas de San Francisco Tepojaco. A través de ilustraciones contundentes, mostró las afectaciones ambientales por la existencia de un tiradero de basura irregular a escasos metros del complejo habitacional y narró las consecuencias para la salud de los vecinos y vecinas. Asimismo describió las deficiencias que presenta el equipamiento urbano (calles, alumbrado público, líneas y cisternas de agua potable) y denunció la ausencia de múltiples unidades médicas y otros servicios básicos previstos en el proyecto original. Posteriormente reveló como las once mil viviendas del Conjunto Urbano presentan vicios ocultos, mala calidad de materiales y deficiencias estructurales. Para finalizar denunció el franco contubernio existente entre autoridades y empresarios que se ha traducido en la vulneración del derecho a la vivienda. Muestra de ello, dijo, es que los múltiples procesos legales activados en contra de autoridades obligadas a supervisar las obras no han rendido los frutos esperados.

Uno de los elementos más interesantes del foro, fue el aporte técnico de Leobardo Salazar, académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien describió los estudios geofísicos, sísmicos y ambientales en el Conjunto Urbano realizados por expertos del IPN. Detalló que el terreno sobre el cual fueron edificadas las viviendas presenta inestabilidad, por lo cual técnicamente requería que la constructora realizará un preparado del terreno para evitar que los desplazamientos del subsuelo afectaran las casas. Asimismo manifestó que hay fuertes daños ambientales por la conformación de lixiviados derivados de la gran cantidad de basura.

Cerró el Foro Luis Arriaga, director del Centro Prodh, quien realizó algunas consideraciones sobre la violación de los DESCA en México a la luz del caso paradigmático de Lomas. Sostuvo que la conculcación de tales derechos tiene como causa eficiente las condiciones estructurales de desigualdad y exclusión derivadas de las políticas neoliberales adoptadas por el Estado Mexicano. En la misma línea, expresó que en México persisten diversos mecanismos de control social identificadas como dinámicas corporativas y clientelares así como la represión en contra de quienes defienden este tipo de derechos. Denunció las amenazas de las que ha sido víctima Jorge Arzave en razón de su activismo a favor de la comunidad y realizó un reconocimiento a su valiente y decidida labor. Por otro lado, afirmó que en México no existen mecanismos efectivos de tutela de DESCA lo cual significa que su reconocimiento constitucional son meras proclamaciones políticas desprovistas de garantías. Todas estas circunstancias se traducen en la falta de goce y disfrute real de DESCA y como consecuencia agudizan la situación de marginación social de amplias capas de la población.