El día de hoy se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la petición para que se abra contra el Estado mexicano el caso de Alicia de los Ríos Merino, víctima de desaparición forzada. A partir de su detención, el 5 de enero de 1978, el Estado ha incurrido en graves violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en agravio de Alicia de los Ríos, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
La petición fue presentada por Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, Martha, Irma, Irene y Gilberto de los Ríos Merino, hermanas y hermano de la hoy desaparecida, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez, la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La desaparición forzada de Alicia de los Ríos ocurrió en una época caracterizada por el empleo recurrente de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos para garantizar la seguridad del régimen contra grupos insurgentes armados, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales e incluso personas ajenas al desarrollo de actividades políticas.
Alicia de los Ríos Merino fue detenida en la colonia Nueva Vallejo, en la ciudad de México, por agentes de la entonces División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, luego de un enfrentamiento a tiros en el que resultaron muertas tres personas. A pesar de que existen testimonios sobre la participación de agentes estatales, el Estado mexicano ha negado sistemáticamente cualquier información que permita esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y reparar el daño.
Debido a la ineficiencia de los recursos legales para la localización de las personas detenidas, los familiares buscaron alternativas para dar con el paradero de la señora Alicia. A los dos días de la detención, Martha de los Ríos se entrevistó en la ciudad de México con el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a quien le planteó la detención de Alicia y su preocupación por la suerte que podía haber corrido. El Secretario ordenó que la trasladaran a un anfiteatro a fin de que identificara el cuerpo de Alicia. Martha no reconoció a su hermana, a pesar de que los cuerpos que le enseñaron eran de las personas que habían sido asesinadas en el enfrentamiento donde fue detenida Alicia de los Ríos.
La Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció por primera vez, por parte de un órgano estatal, la sistemática violación a los derechos humanos durante el pasado reciente en México como parte de una política de Estado. Para cumplir la recomendación fue creada, en 2001, la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp). El 24 de junio de 2002 la familia de los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusieron una denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo esta instancia caracterizó los hechos denunciados como presuntamente constitutivos del delito de privación ilegal de la libertad pese a que ya existía la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación federal.
Con el cierre de la Femospp, la denuncia penal del 24 de junio de 2002, con el número PGR/FEMOSPP/030/2002, pasó a la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), con el número SIEDF/CGI/503/2007. Ésta continúa en etapa de investigación luego de cinco años. Es decir, a nueve años el expediente abierto se encuentra todavía en integración; la autoridad ministerial se ha abstenido de consignar la investigación al poder judicial y no ha iniciado las diligencias conducentes a la determinación del paradero de Alicia de los Ríos Merino.
El Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU (GTDFI) afirma en las Observaciones preliminares de su reciente visita a México que durante su reunión con la PGR, ésta no aportó «información específica respecto de las líneas de investigación, los avances sustantivos en las indagatorias, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente».
Desde el cierre de la Femospp, en noviembre de 2006, ha habido un silencio constante de las instancias gubernamentales que alienta la impunidad. Este silencio fue roto recientemente pero sólo para cuestionar las observaciones realizadas por el GTDFI; de esta manera el Estado mexicano ha manifestado una vez más la falta de disposición para reconocer su responsabilidad respecto de las desapariciones forzadas del pasado y del presente.
A los crímenes de Estado cometidos en el pasado se agregan nuevos casos de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos años. El GTDFI ha constatado que este aumento del número de casos es indicio de deterioro en la situación de desaparición forzada en México; ha señalado también que mientras no se realice una investigación adecuada y completa de los casos de desaparición no es posible aceptar que todos esos hechos hayan sido «realizados exclusivamente por grupos del crimen organizado o descartar que no exista participación directa o al menos tolerancia o aquiescencia de funcionarios públicos».
Desde la detención de Alicia de los Ríos han pasado 33 años sin resultados concretos. Alcanzar verdad, justicia y reparación en su caso es una exigencia de quienes hemos presentado la petición. El Estado mexicano debe reconocer su responsabilidad; por esta razón a través de la campaña Siguen desapareciendo (http://siguendesapareciendo.org) solicitaremos que se restablezca una instancia para la investigación de los delitos y la creación de una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado y por las múltiples violaciones a estos mismos derechos, en el marco de la actual estrategia para el combate a la delincuencia organizada.