La militarización del estado de Guerrero trajo como resultado la violación sistemática, como política de Estado, a los derechos humanos de luchadores sociales que han sufrido una embestida tan violenta como inhumana mediante tortura, encarcelamiento y violación sexual, expone un informe de tres Organismos No Gubernamentales (ONG) que tienen una exigencia común ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh): que se cancele el fuero militar.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron el pasado viernes en la ciudad de México el informe La impunidad militar a juicio. Los casos de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas, Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.
En este informe se relata de manera detallada la persecución de líderes sociales en Guerrero por parte de las autoridades, y se rescatan sus testimonios de cómo fueron torturados y encarcelados (en los casos de Rodolfo Montiel y Teodoro García) o abusadas sexualmente (los casos de las indígenas me’phaa de Acatepec y Ayutla, Valentina Rosendo e Inés Fernández).
Coincide en estos casos, que las vejaciones se dan después de un proceso de lucha pacífica, de organización comunitaria y de exigencia de educación, vivienda y empleo en dos regiones marginadas y con altos índices de pobreza de la entidad: La sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán y la región Costa Chica – Montaña.
Además, los atropellos fueron cometidos por efectivos del Ejército mexicano, que hasta el momento están completamente arropados por un manto de impunidad otorgado por las instituciones del Estado mexicano, destaca.
De ahí el nombre del informe y una de las exigencias que los organismos de defensa de derechos humanos piden a la Coidh –que es la institución judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, que obligue a cumplir a México, “La reforma del marco normativo mexicano en materia de fuero militar”.
Militarización
El informe conjunto está firmado por el director del Centro Prodh, Luis Arriaga Valenzuela, por el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y por la directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic.
A manera de presentación, expone que los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, muestran la crueldad con que han actuado elementos militares en comunidades indígenas donde las mujeres son vistas como botín de guerra.
Recuerda que en 2002, las dos mujeres fueron violadas con el fin de causar terror y daño a las comunidades donde se gestaba un movimiento de resistencia pacífica para reivindicar derechos colectivos y denunciar los abusos de las fuerzas armadas.
En cuanto a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, apunta que Petatlán y Coyuca de Catalán, representan una lucha emblemática en defensa de los bosques, que se topó con los intereses caciquiles de la región y con el mismo Ejército, vinculado a los grupos de poder regional.
Así, aseguran, “hemos constatado cómo los hombres y mujeres pobres son víctimas de un sistema que se coloca de manera sistemática del lado de quienes violentan los derechos humanos, propiciando impunidad. Es más, las víctimas padecen peligros, amenazas y destierros por atreverse a denunciar estas atrocidades”.
Un factor que ha desatado la violencia en la entidad y las transgresiones contra Rodolfo, Teodoro, Valentina e Inés, es la militarización de la entidad con el pretexto del combate al narcotráfico y a tareas de contrainsurgencia, plantea el informe.
“Para justificar su presencia en las comunidades indígenas y campesinas, los mandos militares aducían que trabajaban para la erradicación de la siembra de enervantes y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
La violación sexual y tortura que padecieron Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, se dio en el marco de la militarización de los territorios indígenas de la Región de la Costa-Montaña del estado de Guerrero.
En los municipios de Ayutla y Acatepec, cuando cientos de militares incursionaron en la región con el supuesto pretexto de buscar a integrantes del EPR, los atropellos fueron cometidos contra la población indígena sin vínculos con este grupo insurgente.
De entonces a la fecha, el Ejército continúa patrullando las comunidades indígenas me’phaa y na savi en ambos municipios. La presencia militar obedece a una estrategia cuyo fin oficialmente aceptado es prevenir el surgimiento de grupos guerrilleros, pero que en la realidad afecta a movimientos sociales, pues son considerados como un enemigo en potencia, al que se tiene que minar y destruir, empezando por su organización comunitaria y su cultura.
Tras este planteamiento, el documento de 64 páginas tiene un apartado denominado El fuero militar: la institucionalización de la impunidad, que sin rodeos, parte de la tésis de que en cada uno de los casos, un factor que ha contribuido de forma decisiva a que las violaciones a los derechos humanos queden impunes, ha sido el fuero militar.
Recuerda que según la Constitución Mexicana el fuero militar se debe aplicar únicamente a delitos que afecten la disciplina militar, tales como la insubordinación o la deserción; todos los demás casos en que se vea involucrado un militar debe corresponder al fuero civil.
Sin embargo, en el Código de Justicia Militar, la norma secundaria expedida por decreto presidencial en 1933 para reglamentar el artículo 13 constitucional, establece en su artículo 57.II que son delitos contra la disciplina militar, entre otros, todos los “que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”.
Así, el Código de Justicia Militar (CJM) convierte el sistema de jurisdicción militar en un fuero personal aplicable, en la práctica, a todo delito cometido por militares en activo.
El problema con el fuero militar, asegura, es que el sistema de justicia militar no actuará en contra de sus propios elementos y es un sistema dependiente de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con jueces y otros funcionarios bajo el mando del Secretario de la Defensa.
Esto, recuerda, ya ha sido analizado por la Coidh, en noviembre de 2009 por el caso del también guerrerense Rosendo Radilla Pacheco (campesino de Atoyac de Álvarez detenido-desaparecido en 1974 por militares), instancia que declaró que el artículo 57 del Código de Justicia Militar era incompatible con la Convención Americana, ordenando al Estado que lo reformara.
“A la fecha, sigue pendiente la reforma ordenada. La necesidad de una reforma en esta materia queda aún más evidente al recordarse que en México no existe ningún recurso mediante el cual se pueda combatir la impunidad impugnando la aplicación del fuero militar sobre casos de derechos humanos”, destacan las ONG en su informe.
Se criminaliza la lucha social
A manera de conclusión, el informe de las ONG asegura que los casos son ejemplos representativos de las violaciones a los derechos humanos inherentes a la estructura y la práctica actuales de las instituciones de seguridad y procuración e impartición de justicia.
También de la discriminación con motivo de género e identidad indígena y la represión a las comunidades que se organizan para defender sus derechos humanos, y “evidencian como el sistema mexicano de justicia penal, en vez de garantizar la protección a los derechos humanos, se vuelve un instrumento idóneo para incurrir en abusos de poder y, a la vez, negligente frente a la obligación de procurar justicia en los casos de violaciones graves cometidas por agentes del propio Estado”.
A su vez, asegura que estos atropellos no pueden ser ajenos a ningún mexicano, pues afectan a la sociedad entera porque impiden el acceso a conocer la verdad de lo que sucede en el país y socava la seguridad colectiva de la población, “al constatar que el sistema de justicia y otras instituciones estatales son incapaces o renuentes a proteger a quienes ven afectados sus derechos fundamentales por actos u omisiones del Estado o a quienes se organizan para defender sus derechos”.