Dentro del proceso que actualmente se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por los casos de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fue presentado hoy el informe La impunidad militar a juicio por los directores de los centros de derechos humanos Tlachinollan (Abel Barrera) y Miguel Agustín Pro Juárez (Luis Arriaga).
El documento fue comentado por Luis Daniel Vázquez, coordinador de la maestría en derechos humanos y democracia de Flacso-México y Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Se han realizado ya ante el tribunal americano las audiencias por los casos de Valentina e Inés y se espera que a finales de agosto se realicen las correspondientes al caso de los campesinos ecologistas.
Luis Daniel Vázquez ubicó los tres casos en el ámbito de una política de seguridad heredada del viejo régimen y orientada al combate del enemigo. Como consecuencia de esta política, que implica el mal uso del ejército, regiones del país como Guerrero, Oaxaca y Chiapas son hoy una muestra de la misma lógica que inspiró a las dictaduras del Cono Sur.
Miguel Concha enfatizó que las organizaciones civiles no aceptarán cambios superficiales ante la militarización creciente: es necesario que existan controles civiles en el ámbito de la seguridad.
Luis Arriaga, al hablar sobre los campesinos ecologistas, exigió del Estado mexicano voluntad para realizar las modificaciones necesarias a fin de cumplir con la larga lista de disposiciones internacionales en las que se pide a México restringir el fuero militar a delitos exclusivos de la disciplina castrense. Abel Barrera ubicó los casos de Valentina e Inés en el contexto guerrerense; señaló que el cambio de gobierno en el estado no se ha traducido en mejoras en materia de derechos humanos, por lo contrario, hay mayores obstáculos para la defensa de los derechos humanos, la movilización social y la protesta.
