Canal de USTREAM del Centro Prodh
El análisis revela violaciones graves y sistemáticas en el sistema de justicia penal, en contra de las mujeres, en los DESCA y contra defensores y defensoras de derechos humanos.
El día de hoy, 7 de septiembre, se llevó a cabo la presentación del Informe “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado. Análisis documentado de la gestión de Enrique Peña Nieto”, en el Centro Prodh. José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, Luz María Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir y Sandino Rivero Espinosa de Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos.
Después tocó la palabra a Sandino Rivero Espinosa de Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, quien fue enfático al expresar que los policías ministeriales son los que más abusos cometen en contra de la población; asimismo, que los ministerios públicos no dan a conocer a los detenidos los derechos que tienen, que los jueces no están presentes durante las audiencias y que los defensores públicos llevan a cabo un trabajo de muy baja calidad. De esta forma, en el Estado de México se consolida una política de seguridad de carácter represivo que no minimiza el delito, sino que fomenta y tolera la impunidad.
Luz María Estrada de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que las prácticas cotidianas de los gobiernos son las que generan una impunidad sistemática y, como resultado, la incapacidad para defender la vida, la integridad y la seguridad. Dio a conocer que, según las investigaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde el inicio del sexenio de Peña Nieto hasta el año 2010, han muerto de forma violenta 922 mujeres, mismas que tenían entre 11 y 30 años. El 60% de ellas fueron encontradas en espacios públicos, evidenciando la mayor expresión de la violencia al abandonar a las víctimas después de haberlas castigado. Asimismo, señaló que el 27% de las víctimas no son originarias del Estado de México y que en el 30% de los casos no se conocía la identidad de las víctimas. En este sentido, manifestó que, en relación a la violencia contra las mujeres, el Estado de México tiene pendiente reconocer la gravedad del problema del feminicidio, reformar los códigos penales para hacer éste un delito autónomo y generar procesos de investigación con perspectiva de género.
