A cinco años de la incursión policial a Texcoco y San Salvador Atenco, que dejó un saldo alto de violaciones a derechos humanos, las cuales permanecen en la impunidad, las mujeres denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia y denuncian con fundamento al Estado mexicano por su responsabilidad en torno a estos hechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron detalladamente, en sus respectivas investigaciones, las violaciones a derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano durante el operativo policial de los días 3 y 4 de mayo de 2006. La aplicacion del protocolo de Estambul a las mujeres que denunciaron haber sido torturadas por los policías que las trasladaron a los centros de detención dieron resultados positivos. Las denuncias propiciaron el inicio de una averiguación previa que, con la coadyuvancia de las mujeres denunciantes y del Centro Prodh, permitió recabar elementos suficientes para lograr la consignación de los responsables.
Pese a que se contaba con todos los elementos necesarios para que el Estado mexicano pusiera un alto a la impunidad y mostrara su compromiso en materia de derechos humanos, todas las instancias competentes se abstuvieron de actuar para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres denunciantes. Ni las instancias del Estado de México ni las del gobierno federal han sido eficientes al respecto.
Los hechos de 2006 no acontecieron de manera aislada, fueron resultado de una decisión de los tres niveles de gobierno para actuar frente a la inconformidad social. Mediante el uso de la fuerza pública se optó por una salida errónea ante un proceso social y político. La detención arbitraria y la tortura contra las mujeres tuvo lugar en este contexto y fue agravada por las condiciones históricas que hacen de ellas botín de guerra.
En las anteriores circunstancias las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura sexual contra las mujeres denunciantes, constituyeron por sí una estrategia del Estado mexicano para inhibir la movilización social y generar miedo a los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a las personas y colectivos que exigen y ejercen sus derechos y sobre todo a las mujeres.
Hasta hoy el Estado mexicano ha sido incapaz de revertir la situación denunciada, ha obstaculizado los esfuerzos realizados por las mujeres denunciantes, ha tolerado la impunidad e incluso permite que los responsables ocupen cargos públicos. Los anteriores elementos descubren la ineficiencia de las instancias mexicanas de procuración y administración de justicia y constituyen una muestra clara de la impunidad pactada con las fuerzas policiales y los funcionarios públicos.
Pese a estos factores adversos, tras cinco años de lucha las mujeres denunciantes continúan resistiendo a la impunidad y siguen convocando a la solidaridad nacional e internacional. En este marco el día de hoy se realizó un acto público ante la Procuraduría General de la República para plantear una vez más su exigencia de justicia; en estos días también, desde diversas partes del mundo, personas y colectivos se han manifestado para expresar su solidaridad y exigir que se sancione a los responsables.
A estas actividades se agrega el avance del trámite iniciado por las mujeres denunciantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde su presentación en abril de 2008 el caso se encuentra actualmente en fase de admisibilidad. El Estado mexicano durante este periodo ha realizado acciones dilatorias para impedir que la Comisión Interamericana admita el caso a la brevedad y señale la responsabilidad en la tortura contra las mujeres denunciantes.
A cinco años las mujeres denunciantes y el Centro Prodh reiteran que continuarán realizando las acciones necesarias para poner freno a la impunidad; en este mismo sentido insistimos en nuestra oposición a la violencia favorecida por el Estado mexicano.