La iniciativa había sido presentada originalmente por el Ejecutivo en abril de 2009, tras lo cual avanzó el proceso legislativo. Un año después los senadores integraron a la propuesta un procedimiento denominado «alerta de seguridad interior», que pretendía integrar elementos básicos que garantizaran el goce de los derechos humanos para la población civil en caso de ser implementados estos mecanismos.

Sin embargo actualmente el proyecto es analizado en la Cámara de Diputados y se han disminuido los mínimos controles de derechos humanos que el Senado había incorporado. La figura de «alertas» ha sido sustituida por la de «atención de afectaciones a la seguridad interior» en la cual se han aumentado las facultades del Ejecutivo sobre el Ejército, en demérito del Congreso de la Unión y también se fortalece la preminencia del fuero militar sobre el civil en casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares en funciones de seguridad pública. Con ello no sólo se incumplen diversos mandatos específicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sino que se pretende otorgar aún más poder al Ejecutivo sobre el Ejército.

Es importante recordar que son al menos tres casos por los cuales la Corte IDH ha solicitado al Estado mexicano limitar el uso del fuero militar. La Corte IDH ha señalado expresamente que «en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar».

Incluso en la sentencia en favor de los Campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la Corte IDH se refirió en específico a la propuesta de Felipe Calderón que pretende que los militares sólo respondan ante la justicia civil por tres delitos. Al respecto la Corte IDH fue puntual al señalar: «En resumen, es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos».

En este contexto 23 organismos civiles mexicanos enviaron una carta en la que solicitan a los diputados que se apeguen a los tratados internacionales ratificados por México y en particular se respeten las sentencias relacionadas por parte de la Corte IDH. Esta carta puede ser descargada desde nuestro sitio web haciendo clic aquí.